A pesar de la inversión de $77,45 billones en 6 años, para el cumplimiento de los acuerdos de Paz de La Habana no se han logrado cambios estructurales en las zonas rurales del país, ni siquiera en los municipios priorizados con los PDET, ante una ejecución desarticulada que compromete la eficacia de los recursos públicos.

Así se determina en el Séptimo Informe de la Contraloría General de la República  al Congreso sobre los recursos del posconflicto, donde se indica también que la Reforma Rural Integral, RR-, no ha conseguido un punto de inflexión para el cierre de brechas entre el campo y la ciudad, y la erradicación de la pobreza extrema, cuyos niveles según el DANE, son mayores a los de 2017 en centros poblados y zona rural dispersa.

Los $44,9 billones ejecutados en la Reforma Rural Integral no han logrado las transformaciones requeridas, ni siquiera en los municipios priorizados, debido a la deficiente formulación de proyectos, y falta de coordinación de acciones entre las entidades responsables.

En los PDET, revela el informe, se logró total participación comunitaria en la formulación de las iniciativas, y mínima incidencia en la implementación, y en el seguimiento. Esto último por las limitaciones en el acceso y la deficiente calidad de la información financiera y contractual que vulnera la observancia del enfoque del AFP de abajo hacia arriba, en la adecuada participación ciudadana para ejercer un efectivo Control Social.

Según la Contraloría, luego de transcurrido el primer año del actual Gobierno, no se ha evidenciado la puesta en marcha de los ajustes de fondo que la implementación requiere. Se espera que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, UIAF, y la Agencia de Renovación del Territorio, ART, concreten los ajustes normativos, técnicos y metodológicos que demanda la implementación y el país pueda avanzar hacia transformación estructural del campo.

La ejecución

Desde la implementación del Acuerdo Final de Paz, AFP, se reporta una ejecución de $77,45 billones a precios constantes 2023, un 52,7% de los recursos estimados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 para los 15 años por $146,96 billones. En 2023 la programación de recursos es de $13,63 billones.

Si bien el ritmo de asignación de recursos aumentó a partir del año 2020 frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, se requiere en los próximos años, realizar un mayor esfuerzo presupuestal, priorizar recursos para cubrir los compromisos rezagados, y propender por una mayor calidad del gasto para lograr efectividad en los resultados de las intervenciones previstas en el Acuerdo Final de Paz

Reforma Rural Integral, RRI

De los $44,9 billones a pesos constantes de 2023, ejecutados entre 2017 y 2022; $9,1 billones corresponden a 2022; el Presupuesto General de la Nación corresponde al 62% del total de los recursos marcados. El Pilar de Educación Rural concentra el 31% de los recursos de este punto, con $13,2 billones, seguido por los Planes de Acción para la Transformación Regional -PATR con el 28% por valor de $12,4 billones, e infraestructura y adecuación de tierras con el 15% por $6,5 billones.

Tras seis años de implementación el indicador de “Tres millones de hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras” presenta un mínimo avance con 19.655 ha entregadas, el 0,65% de la meta a 15 años, pese a que el Fondo de Tierras dispone de más de 1’300.000 ha. Por otro lado, se destaca la creación de la Jurisdicción Especial Agraria, mediante Acto Legislativo 03 de 2023 del 24 de julio de 2023, con la cual se inicia el camino para la solución de conflictos derivados de la tenencia y posesión de la tierra a nivel nacional.

Participación Política

Durante el periodo 2017-2022 se registró una ejecución presupuestal de $1,07 billones; de los cuales $158.204 millones, corresponden a la vigencia 2022.

Fin del Conflicto

Durante el periodo 2017 al 2022 este punto registró una ejecución presupuestal por $4.6 billones, de los cuales $381.446 millones se ejecutaron en la vigencia 2022, una significativa disminución frente a $1 billón ejecutado en 2021.

A 2022, se evidencia retraso en la puesta en marcha del Sistema Nacional de 

 Solución al Problema de las Drogas Ilícitas

Se concluye que, los recursos ejecutados en el periodo 2017-2022 corresponden a $5,9 billones. Se destaca una disminución en la asignación de recursos pasando de $1.3 billones en el año 2021, a $57.769 millones en el año 2022.

El esfuerzo fiscal para el 2022 correspondiente al PNIS se estimaba en $1,2 billones, sin embargo, la asignación presupuestal alcanzó solo el 27% con $319.617 millones; por lo que esta programación de recursos no cubre las necesidades de este programa.

Acuerdo para las Víctimas

Para la implementación del Punto 5 entre 2017-2022, se registró una ejecución de $5,7 billones de los cuales $1,7 billones corresponden a la vigencia 2022 y $1 billón, programado para 2023.

Es evidente la falta de actualización del PMI en los indicadores del pilar de Justicia y Verdad, y la inexistencia de indicadores para realizar seguimiento en el Pilar de reparación integral en las estrategias de restitución de tierras y garantías de no repetición

Implementación, Verificación y Refrendación

Durante el período 2017-2022, se ejecutaron para este Punto $1,28 billones a precios constantes de 2023. En 2022, la ejecución se redujo significativamente a $82.940 millones, una disminución del 59% en comparación con los $203.331 millones de 2021.

Por otra parte, persiste la falta de mecanismos que permitan la articulación directa entre los proyectos de Cooperación Internacional y los instrumentos de implementación del Acuerdo Final de Paz, y continúan las deficiencias en el reporte de información por parte de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia -APC-, lo que dificulta el conocimiento de los resultados y productos generados por estas intervenciones.