La Contraloría General de la República expresó su preocupación por el vacío institucional que sufre actualmente la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, justo cuando ha iniciado oficialmente el fenómeno de El Niño y tiene que tomar medidas sobre el funcionamiento del mercado de energía eléctrica y gas, a lo que se añade que  mientras se mantenga esta situación, no se podrán tomar medidas en el tema tarifario, lo que podría significar un alto impacto para las finanzas de la Nación y para los mismos usuarios. 

Durante el presente año, se ha hecho evidente la crisis en la CREG, entidad integrada por el ministro de Minas y Energía, ministro de Hacienda, director del Departamento Nacional de Planeación, Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y por los seis expertos comisionados, quienes deben tener dedicación exclusiva y especiales cualidades y que, de acuerdo con la Ley 2099 de 2021, deben ser nombrados por el presidente de la república por periodos de cuatro años. Dentro de las facultades atribuidas a dichos comisionados, se encuentran la independencia y autonomía para elaborar propuestas regulatorias. 

El ente de control ve con preocupación cómo a la fecha, al no conocerse los nombramientos de estos expertos comisionados, hay un vacío institucional. Según lo establecido en las Leyes 142 y 143 de 1994, es la CREG tiene a su cargo la competencia para determinar las variables que establecen las tarifas de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas natural y GLP. 

Uno de los hechos que prende las alarmas sobre la situación de la CREG y hace evidente esta crisis, es que ya perdió vigencia la Resolución CREG 101031 de 2022 sobre “tarifas justas”, que no era otra cosa que el aplazamiento del cobro a los usuarios de las tarifas reales y, por lo tanto, posteriores estudios tarifarios como la Resolución 701023 de 2023, que consultaba acerca de cómo diferir la opción tarifaria en el tiempo, la cual minimizaba el riesgo de “Apagón Financiero”, no puede ser estudiada ni analizada, ni se pueden tomar decisiones con validez al no estar integrada debidamente la CREG. 

Al no determinarse ese tipo de ajustes, los incrementos imprevistos en el costo unitario del servicio de energía eléctrica en promedio y en especial en la costa Caribe pueden superar el 15%, afectación que puede volverse incontrolada ya que se pueden incrementar los subsidios a entregar a los estratos 1,2 y 3 a través del FSSRI, situación al parecer imprevista en el Presupuesto General de la Nación. 

Al no tener claras estas cuentas, no se observa cómo los prestadores del servicio van a recuperar estos saldos y si se va a materializar la limitación de suministro por insuficiencia financiera de los agentes del mercado de energía. 

Así, los usuarios del Caribe tienen un costo unitario de kilovatio hora, que puede incrementarse en la facturación en un solo mes, por ejemplo, de $300 mil a $345 mil y así sucesivamente en los siguientes meses.