La Acción  Popular presentada  por el Ministerio de Salud contra 21 EPS del país “por “vulnerar el derecho de acceso a la salud al incumplir con la obligatoriedad de constituir y mantener las reservas técnicas para garantizar los pagos para la prestación de servicios de salud”, causó la reacción de la Contraloría General de la República.

La demanda considera que se han violado los derechos colectivos al patrimonio público, a la moralidad administrativa y al acceso al servicio público de Seguridad Social en Salud y a su prestación eficiente y oportuna.

En esta Acción Popular el Ministerio demanda también a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Contraloría General de la República. Solicita que se vincule a estas entidades en calidad de encargadas de proteger los derechos colectivos afectados.

El Ministerio pide al juez de conocimiento “que se decrete y practique interrogatorio al Dr. Carlos Mario Zuluaga, en calidad de Contralor General de la República en funciones y en condición de testimonio técnico”, dado que supuestamente el titular del ente de control conoce los fundamentos en que se soporta la demanda.

El Ministerio solicita igualmente que la CGR realice una auditoría forense con la finalidad de analizar, evaluar e interpretar la información financiera reportada por las EPS demandadas, en relación con la constitución e inversión de las llamadas reservas técnicas.

Respuesta del Contralor

Respecto de esta Acción Popular, el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga Pardo, rechaza enfáticamente su vinculación, así como el hecho de que se haya solicitado su interrogatorio y de pretender coactivamente, mediante orden judicial, que se realice auditoría forense a las EPS.

Para el titular del ente de control no resulta claro si la acción lo vincula en calidad de demandado o de testigo técnico. En cualquier caso, el Contralor General no es llamado a comparecer en los estrados judiciales, en calidad de testigo técnico. En los procesos judiciales, a los informes de la Contraloría General de la República se les debe dar el valor probatorio que corresponda, junto con los demás medios de prueba allegados al expediente.

“Nuevamente el ministro de Salud desconoce la autonomía del ente de control, como cuando quiso ordenarse levantar el velo corporativo de las EPS sin que mediara actuación administrativa para ello”, enfatizó Zuluaga.

El funcionario aseguró: “Hago una invitación cordial al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo a respetar las esferas de competencia autónoma del ente fiscalizador para garantizar la colaboración armónica entre las ramas y órganos del poder público sin convertir a la Contraloría en contraparte de uno de sus sujetos vigilados”.