Las decisiones del Gobierno nacional durante los últimos meses desconocen la realidad y agravan la situación que enfrenta el sistema de salud, y encaminan hacia un colapso que afectará el derecho a la salud de millones de colombianos.

La falta de recursos va a limitar aún más la atención en consultas y procedimientos y en el suministro de medicamentos a los ciudadanos. Miles de usuarios y pacientes no están pudiendo acceder a los servicios y tratamientos que venían recibiendo hasta hace pocos meses con regularidad.

Este es el panorama que ven varios ministros y exministros de Salud sobre la prestación de estos servicios en el país de ser aprobada la reforma presentada por el Gobierno de Gustavo Petro y que inicia su tercer debate en la Comisión Séptima del Senado el próximo mes.

El incremento de 12.01% para la UPC aprobado en los últimos días de diciembre es muy insuficiente ya que no está basado en la información de consumo de la vasta mayoría de los afiliados en el sistema. Tampoco hubo participación para comentarios sobre la resolución del incremento ni sobre la nota técnica que sirvió de base para calcular las adiciones al Plan de Beneficios. 

Así las cosas, el aumento definido está muy alejado de las necesidades calculadas por expertos, del 15% para la UPC y del 10,6% para presupuestos máximos.

En una carta suscrita por por los ministros y exministros Jaime Arias, Augusto Galán, Gabriel Riveros Dueñas, Diego Palacio, Beatriz Londoño, Fernando Ruiz, Eduardo Alvarado, Carlos Castro Espinosa Blanca Elvira Cajigas y Jairo Nuñez Mendez se indica que el Gobierno en lugar de garantizar los recursos necesarios para el sistema, el Ministerio del Interior anunció la construcción de miles de Centros de Atención Primaria en Salud a través de las Juntas de Acción Comunal en los territorios, los cuales serían dotados con equipos tecnológicos y humanos financiados por el Ministerio de Salud. 

“Una decisión centralista que nace de una entidad que no tiene competencias sobre el sistema de salud y que presupone la exclusión de las autoridades territoriales en las determinaciones y en la ejecución de las inversiones en salud. Además, no son claros los objetivos, los parámetros técnicos ni las fuentes de financiación para la realización de un proyecto semejante”, señala el escrito.

Las EPS

Con ese mismo propósito de capturar los recursos de la salud, el Gobierno nacional hace nombrar en la presidencia ejecutiva de la Nueva EPS a una persona cuyos antecedentes ejecutivos no dan las garantías técnicas ni de capacidades gerenciales para gestionar la EPS más grande del país y una de las mejor administradas durante los últimos 15 años.

Paralelo a ello, el Ministerio de Salud, en un requerimiento legal insólito, interpone una acción popular contra las EPS, la cual es ajena a sus competencias y contradictoria con la debida gestión de las responsabilidades que sí le corresponde a una de sus entidades adscritas, como es la Superintendencia Nacional de Salud.

Estas decisiones se agregan a otras que vienen de atrás, orientadas también a satisfacer la voluntad soterrada del Gobierno nacional para destruir lo construido durante tres décadas en el sistema de salud. 

Señalan que retornan a la memoria expresiones públicas realizadas hace varios meses por funcionarios de este Gobierno, en el sentido de precipitar una crisis, la que cada día se hace más evidente y lesiona la salud y el bienestar de millones de compatriotas, así como ponen en peligro sus vidas.

Sector desfinanciado

La desfinanciación que presenta el sector no está siendo atendida por el Gobierno a pesar de las múltiples advertencias desde las organizaciones académicas, de centros de pensamiento y de asociaciones de usuarios y pacientes. 

Es claro que el Gobierno nacional busca, por la vía de actos administrativos errados y erráticos, imponer una reforma a la salud que no soluciona los retos que enfrenta el sistema de salud y que ha recibido críticas sustentadas de expertos, conocedores y pacientes. Su propósito central es capturar los recursos financieros del sistema para administrarlos a su antojo, como los hechos lo señalan, sin sustentarse en la evidencia técnica que requiere la administración de este sector vital para la sociedad.

Con las reformas que adelanta el Gobierno nacional, consideran los exfuncionarios, el sistema de salud no tendrá ya como prioridad la salud de la población, sino que se convertirá en una herramienta al servicio de intereses clientelistas y capturas politiqueras de la institucionalidad y de los recursos públicos. 

“Los colombianos debemos tener claro el peligro al que se está sometiendo el goce efectivo del derecho a la salud. Los principios esenciales que lo desarrollan enfrentan la realidad de perderse. La eficiencia y la sostenibilidad del sistema de salud se hallan en entredicho ante la mala gestión y la permanente desfinanciación que este Gobierno ha propiciado. La solidaridad y la equidad se verán sometidas a restricciones porque paulatinamente se limitará el acceso a los servicios de salud, en especial para las poblaciones más vulnerables ante las limitaciones de recursos. La universalidad de la cobertura será menguada por esas mismas razones y por las acciones ineficientes y anómalas del gobierno nacional”, sostienen.

Los exfuncionarios aseguraron que la ciudadanía puede estar segura de que más allá de los ataques personales, las tergiversaciones que hagan sobre estos argumentos, las falacias que utilicen para sus informaciones, se mantendrá un seguimiento al accionar del Gobierno sobre el sistema de salud en general, y el desempeño de la Nueva EPS en particular, para señalar los riesgos que puedan restringir el goce efectivo del derecho a la salud e impactar negativamente el bienestar de los conciudadanos.