Una serie de observaciones al informe de la Contraloría General de la República, CGR, hizo la Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud, Gestarsalud.

La presidenta del gremio, Carmen Eugenia Dávila, dijo que en la organización están agremiadas 11 EPS, que aseguran en salud a más de 20 millones de personas de todo el territorio nacional, lo que corresponde al 40 por ciento de los afiliados al sistema de salud.

En la actualidad se preparan los debates sobre la Reforma a la Salud y la incidencia que tendría sobre los colombianos. Tema crucial para el futuro del país.

Gestarsalud también anunció su participación en la mesa de trabajo propuesta por Acemi con el fin de dar claridad y unificar las cifras del sistema de salud en Colombia.

Observaciones al Informe 

Con motivo del informe publicado por la Contraloría General de la República, respecto al estado financiero de las EPS, Gestarsalud señaló que el primer lugar el  pasivo que se registra en el informe al parecer incluye las reservas técnicas como deudas que tienen las EPS con la red prestadora de servicios de salud y con los proveedores de tecnologías en salud. 

Las reservas técnicas no son deudas ciertas, aclaró Gestarsalud.

La mayor parte de las cuentas por pagar son corrientes, así lo anota la Contraloría cuando dice que, “el 93,5 % de la cartera total de las EPS con las IPS es menor de un año; es decir, que son deudas que se concentran en la cartera corriente.”

En tercer lugar el gremio en su respuesta dice que todas las EPS están cumpliendo con la obligación de registrar en sus Estados Financieros las reservas técnicas. La Superintendencia Nacional de Salud, en su informe publicado en octubre de 2023, no señala que alguna EPS haya incumplido con esta obligación. No han efectuado las inversiones de las reservas técnicas porque la UPC es insuficiente para pagar todos los servicios y además constituir las inversiones para posibles deudas.

La no constitución de las inversiones de las reservas técnicas, es evidencia de un problema estructural de la financiación del aseguramiento del SGSSS. Si la UPC no es suficiente para cubrir la operación corriente, como lo muestra el indicador de siniestralidad superior al 100%, tampoco lo será para respaldar la reserva técnica, que se invierte con los mismos recursos de la prima o UPC.

Como quinto punto, el gremio de las EPS del sector subsidiado dice que los recursos de la UPC se encuentran reconocidos y girados. Se reconocen por la ADRES en fechas predefinidas que usualmente se cumplen; el problema no radica en la oportunidad de giro de UPC si no en la suficiencia de la misma.  El equilibrio entre el valor de la UPC y el Plan de Beneficios no existe.

Lo que refleja el análisis de la Contraloría más allá de las posibles inconsistencias que algunos han hecho notar, es lo que las EPS han venido diciendo hace meses:

La Unidad de Pago por Capitación no es suficiente para cubrir los costos y demanda de servicios actuales.

Las reservas técnicas que pueden configurarse en obligación cierta, no están calzadas con inversiones líquidas al 100% por cuanto la UPC no es suficiente y porque el Gobierno ha permitido usar las reservas para pagar pasivos en varias oportunidades.

El desequilibrio en la operación ha generado pérdidas en varias entidades afectando con esto el patrimonio de las EPS y por lo tanto otros indicadores como el capital mínimo o patrimonio adecuado.

Los recursos de la UPC que se deben destinar a la salud, se han invertido en salud incluso en mayor proporción al porcentaje de obligatoria destinación.

Los recursos de la salud no se han desviado, asegura el gremio.

Existe trazabilidad de cada peso que se paga, auditoría, revisiones e información de la que puede disponer el Estado para realizar todas las verificaciones necesarias.

El país tiene una desfinanciación estructural y esta continuará con o sin reforma; se requiere en el corto plazo la revisión de la UPC, acelerar los trámites para que se pague lo que se debe de presupuestos máximos, operar todos los mecanismos para que los recursos lleguen con mayor prontitud al prestador de servicios y proveedor de tecnologías de salud y que se activen mecanismos para otorgar liquidez inmediata al sector que puede ejecutar la ADRES conforme a la ley.  

En el largo plazo se requiere pensar estructuralmente en el financiamiento y sostenibilidad.