Los efectos desencadenados por el fenómeno del niño amenazan seriamente el suministro de agua en un número considerable de municipios y ciudades del país.

El estrés hídrico resulta evidente ante la reducción de los caudales de las principales fuentes de abastecimiento, lo que, sumado a un incremento en el consumo, impulsado por las altas temperaturas, complejiza el escenario.

La crisis por el agua también ha tocado a la capital del Tolima. La empresa de acueducto ha anunciado una “regulación sectorizada” que aunque, se insiste, no es igual a un racionamiento, para efectos prácticos consiste en compensar los distritos hidráulicos de unos sectores restándole presión a otros.

En medio de la contingencia se escuchan voces detractoras de la actual gerencia de Ibal y otras que intentan despegadamente hacer ver que se trata de una persecución política, con la que se desconoce la gestión  de la que denominan, alfil del hurtadismo y quien además es una de las pocas funcionarias promovidas desde la administración anterior.

Aunque coincido en que no se puede pescar en río revuelto, buscando desestabilizar instituciones o tumbar funcionarios a costa de un fenómeno de la naturaleza, tampoco hay que dar crédito a las teorías conspirativas, según las cuales las manifestaciones de los últimos días hacen parte de un plan sistemático para enlodar la reputación de la empresa, sus directivas o la propia alcaldesa Johana Aranda.

Los reclamos de los ciudadanos en las calles son legítimos, existen sectores donde el suministro del líquido es deficiente, los cortes frecuentes, pero la facturación, en cambio, además de puntual, parece no compadecerse de la sequía.

Mientras eso sucede, los instrumentos legales al alcance, que, sí deberían ser parte de la gestión de la crisis, parecen no activarse.

Desde el 26 de enero, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, mediante resolución 39 de 2024, activó las medidas para desincentivar el consumo de agua potable, establecidos en la resolución 887 de 2019.

Dichas disposiciones facultan a los prestadores del servicio público domiciliario de acueducto, para que, ante la disminución de las precipitaciones, procedan a penalizar el gasto desproporcionado del recurso hídrico.

Para el caso de Ibagué, cuya altitud está por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar, la norma define como consumo excesivo, todo aquel que sobrepase los 26 metros cúbicos por suscriptor al mes.

Dicho consumo debe ser facturado como adición y tratándose de una penalidad, en el caso de suscriptores de estratos socioeconómicos sujetos de contribución solidaria, no se debe aplicar el factor de aporte solidario sobre los cobros a metros cúbicos excedidos.

En el artículo 9 de la citada resolución, se lee, además, que, una vez puesta en vigor la medida, los prestadores del servicio deben adelantar amplias campañas de difusión para enterar a los usuarios de los alcances de estas directrices, cosa que hasta ahora no resulta perceptible y que hace pensar que en medio de la coyuntura, el Ibal no ha incorporado estas orientaciones de la máxima institución reguladora en la materia en el país.

De ser así, resulta un evidente desacierto y negligencia desde el punto de vista administrativo, que acaba por darle la razón a quienes hoy presionan desde la orilla política.

Pero ese no es el único fantasma que amenaza la continuidad de la gerente del Ibal, Erika Palma. En tanto los ciudadanos, que pagan el servicio, no reciben una gota en sus hogares y se ven empujados a apelar a las vías de hecho, las metas en materia de índices de agua no contabilizada, trazadas en los planes de acción de la empresa, llevan dos años consecutivos sin cumplirse.

Es decir, en tanto unos sufren de sed, las pérdidas y los usuarios clandestinos siguen estando a la orden del día.

Así se desprende de los informes de auditoría de la oficina de control interno del propio Ibal para los periodos 2022 y 2023.

En el más reciente de los documentos, fechado en enero de este año y suscrito por Óscar Eduardo Castro Morera, se referencia, en el apartado de control a pérdidas como no conformidad el  “Incumplimiento en la ejecución del Plan de acción vigencia 2022”

Al mismo tiempo, se enuncia el no cumplimiento a los indicadores de: Índice de Micro medición Efectiva (IME) y Catastro de Medidores.

Además del no desarrollo de actividades de pérdidas comerciales, tales como: levantamiento e instalación de medidores a suscriptores con servicio directo, medidores frenados y obsoletos, incumpliendo disposiciones de la CRA, al igual, que seguimientos al comportamiento de consumo en medidores (por lo menos cada 3.000 metros cúbicos de marcación).

El informe de auditoría refiere también el que no se hayan hecho las tareas para vincular a aquellos clientes clandestinos ubicados en barrios no legalizados.

Para la vigencia 2022 ya se habían advertido idénticas anomalías, expresadas en los siguientes términos “No se evidenció avances significativos al cumplimiento de las actividades y objetivos propuestos en el Plan de Acción presentado por el Proceso de Control Pérdidas”.

Incluso, ese mismo año, se alertó sobre predios en los que debía hacerse reposición de medidores que se encontraron conectados de manera directa.

Y en inspección practicada a la bodega de micromedición, se evidenció una acumulación excesiva de medidores no aptos, desde la vigencia 2017, sin notificar al usuario, ni realizar la devolución de los medidores a sus dueños.

A esto se suma el negocio de los lavaderos de autos y motocicletas que han venido proliferando, muchos de los cuales funcionan bajo la figura de usuarios domiciliarios pagando menos por una actividad netamente comercial.

Bajo esas complejas realidades uno podría pensar que el agua que le falta a unos es la que otros desperdician o consumen clandestinamente, sin que haya medidas administrativas contundentes que reduzcan estas pérdidas.

Eso para no mencionar el que desde hace un mes se hayan adoptado otra serie de prohibiciones, desde la autoridad ambiental, para priorizar el consumo doméstico y humano tales como el lavado de vehículos con mangueras, fachadas, andenes o parqueaderos, restricciones que se quedan en el papel y los anuncios, pero que no queda claro quién debe materializar o hacer cumplir en la práctica.