El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es el principal instrumento con el que se traza, dibuja o asienta el desarrollo económico de un municipio. En él se definen las actividades económicas urbanas, rurales o urbano-rurales, zonas de expansión, planes parciales y zonas industriales, entre otras. Este instrumento permite desarrollar las vocaciones económicas del territorio conforme a los sectores primario, secundario o terciario.

El desarrollo territorial de Ibagué hasta la fecha ha mostrado una dicotomía constante al no haberse establecido una visión clara para hacer de este municipio un territorio apto para el desarrollo logístico, turístico, agroindustrial, empresarial o de servicios, a partir de la incorporación de equipamientos necesarios para permitir la expansión de las actividades económicas.

La realidad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Ibagué se puede definir como un caos, en cuanto al establecimiento de los polígonos o zonas que se definieron para el desarrollo de las diferentes actividades urbanas y económicas, nunca ha existido un principio de planificación que encaje dentro de la visión económica para el desarrollo de las vocaciones productivas del territorio.

Vale la pena tener en cuenta que existen dos dimensiones para el municipio de Ibagué: una dimensión urbana que se establece en una porción de territorio equivalente al 6% de la totalidad de la extensión, equivalente a la parte de la ciudad conformada por las 13 comunas y algunas zonas de expansión, y una dimensión rural correspondiente al 94% restante del territorio, subdividido en 17 corregimientos con 144 veredas y 13 inspecciones que componen esa Ibagué que la gran mayoría desconoce, un territorio realmente inmenso y subutilizado que suma 1.439 kilómetros cuadrados.

Lamentablemente, el POT de Ibagué no fue diseñado por visionarios que pensaran el desarrollo de la ciudad en prospectiva, lo que ha impedido en gran parte que las actividades de agroindustria, logística y turismo se pudieran desarrollar correctamente. Al POT le faltó orden, visión y una batería de complementos normativos, así como urbanismos necesarios para el desarrollo de estas vocaciones económicas. Uno de los grandes vacíos de este instrumento ha sido la falta de articulación con las empresas prestadoras de servicios públicos, con las agencias de desarrollo (gremios, cámara de comercio y universidades) así como con la autoridad ambiental. Llevamos 20 años pisándonos la manguera sin desarrollar proyectos ambiciosos en materia productiva. La mayoría de las grandes empresas que se crearon en Ibagué llegaron gracias a una catástrofe, la tragedia de Armero, la cual dio lugar a la Ley 44 de 1987, ley que eximía de renta por 10 años a las empresas que se localizaran en el departamento del Tolima. Se terminaron estos beneficios y muchas de las empresas se fueron a buscar territorios con mejores condiciones.

No es momento para buscar culpables de ese absurdo ordenamiento productivo que planearon para el municipio de Ibagué, un territorio que funcionalmente no goza de un área metropolitana aglomerada (donde normalmente se deberían ubicar los corredores productivos) como en el caso de Bogotá, Medellín, Pereira, Armenia, Bucaramanga, entre otras. Esta deficiente planificación ha impedido el desarrollo de proyectos generadores de empleo como parques empresariales, comerciales, logísticos, turísticos o agroindustriales. Los “visionarios” de la época olvidaron que la zona de expansión para la relocalización productiva debía establecerse sobre la meseta de Ibagué con ambiciosos planes de expansión que pudieran colindar con las conexiones terrestres que ofrecen las vías 4G – dobles calzadas que rodean a Ibagué (Corredor Bogotá – Buenaventura).

Las inversiones de varios de los gobiernos municipales pasados debieron enfocarse en urbanizar la gran zona de expansión hacia la comuna 9 y el corregimiento 14 (Aparco – Buenos Aires – Meseta de Ibagué), pero fueron en su momento tan poco visionarios los sabios que planearon el futuro de la ciudad, que apenas le dejaron a Ibagué una pequeñísima zona industrial establecida en el POT mediante el decreto 0823 de 2014 que solo abarcaba el 1,4% del territorio y, para colmo de males, sin complementos de norma y sin planificación de servicios públicos adecuados para lograr los desarrollos industriales, agroindustriales o logísticos esperados. Esto es fundamental para el desarrollo de proyectos logísticos, en especial para la localización de la tan sonada Zona Franca de Ibagué.

La alcaldesa Johana Aranda tiene un reto inmenso; puede hacer historia si logra ordenar correctamente el territorio de Ibagué en pro de mejorar las condiciones productivas y competitivas. Sin embargo, se debe amarrar muy bien los pantalones, con perro en mano, deberá espantar a esas hienas salvajes que, expectantes, “se lamen los bigotes” para echarle mano a la actualización del POT de Ibagué, pretendiendo llegar a los dueños de la tierra para negociar cuáles serán las nuevas zonas urbanas o de expansión. La ciudad necesita honestidad y sensatez a la hora de actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial, pues esta es la carta de navegación para los próximos 12 años. Ibagué merece crecer de manera planificada para garantizar el desarrollo urbano, los asentamientos empresariales, la relocalización de inversiones y, con esto, la generación de nuevos empleos. Debemos ser partícipes y vigilantes de este proceso; el futuro está en manos de todos.