La que se apropió como una bandera de campaña para consolidar la victoria en las urnas parece estar convirtiéndose en la peor pesadilla para la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz.

El resurgimiento de estructuras armadas en el sur del Tolima ha dejado ver tan intranquila como vehemente a la mandataria en sus manifestaciones frente al gobierno nacional.

El tema, en apariencia, zanjado con la visita de altos mandos militares al departamento, el despliegue de tropas adicionales y la promesa de un consejo de seguridad en el territorio, podría tener connotaciones políticas adicionales. Y se traduciría además, prematuramente, en el rompimiento de una promesa estructural: la seguridad.

Decidir sobre el control territorial de las fuerzas del Estado, no es una facultad que tenga ningún mandatario en las regiones.

A diferencia de los alcaldes que actúan como jefes de Policía, bajo el amparo de la Constitución, los gobernadores están supeditados a los lineamientos del Ministerio de Defensa y el despacho presidencial

No es potestativo de la mandataria ordenar operaciones, aun cuando se trate de su jurisdicción, lo que sumado a que el decreto mediante el cual se ordenó levantar el cese al fuego con las disidencias de las FARC dejó por fuera al Tolima nos pone en una posición cuando menos vulnerable.

Y es que históricamente, el otrora Comando Central Conjunto, con el frente 21 como brazo armado, tenía por corredor principal la cordillera, para conectar con el occidente del país, el valle del Cauca y el mismo Cauca, por lo que ante una ofensiva en esa zona, esta sería una evidente ruta de repliegue.

Ahora bien, aunque pueda parecer una tesis en extremo conspirativa, también es cierto que al presidente Gustavo Petro el 2026 se le ha convertido en un asunto obsesivo.

El deseo de perpetuar su proyecto político lo tiene incluso hablando de una constituyente, por lo que no sería muy descabellado pensar que hay a quien pueda interesarle invertir en su favor la política del miedo con fines electorales.

Dejar de hacer, en detrimento del orden público para desprestigiar a sus oponentes políticos en las regiones, desvirtuarlos en sus promesas de campaña y luego venderse como el poseedor de la fórmula para recomponerlo todo valiéndose del inagotable anhelo de paz de millones de colombianos.

Por siniestro y maquiavélico, en asuntos de política, poder y ambición todo resulta posible.

Así las cosas, necesitará mucho más que hablar duro o reclamar incesantemente, la gobernadora Matiz para evitar el rompimiento de sus promesas, mientras la voluntad política del gobierno central va en otra dirección.

Y cuando ni siquiera la fuerza pública garantiza las condiciones para que la jefe del gabinete departamental pueda llegar a poblaciones como Planadas donde se alerta sobre el confinamiento de ciudadanos y el riesgo de reclutamiento forzado de menores.