Por mandato de la Organización de las Naciones Unidas y en recordación de la constitución de su agencia especial para atender asuntos sanitarios, el mundo celebra hoy el Día de la Salud.

Los anuncios de intervención del Gobierno Nacional a dos de las EPS más grandes del país, el hundimiento de la reforma tramitada en el Congreso y la postura irreconciliable del presidente Gustavo Petro, frente a la imposición de su modelo, pensado en devolver la gran carga de la operación a la red pública, hacen temer un caos mayúsculo.

Por bien intencionada que resulte la estrategia del jefe del Ejecutivo, encaminada a capitalizar las instituciones prestadoras de origen estatal, prescindiendo de la intermediación que en el manejo de los recursos hacen hoy terceros, es imposible apartarse de una realidad histórica: el fracaso y la ineficiencia de lo público.

Si la administración de los presupuestos para la salud en manos de particulares ha derivado en episodios de corrupción de talla mayor, qué ha de ser cuando la ejecución de billones de pesos dependa de los manejos políticos de gerentes, alcaldes, gobernadores o funcionarios del gobierno central.

Si la reforma al sistema persigue espantar los fantasmas de la corruptela, los desvíos de dinero y su utilización en fines distintos a los de su destinación específica, dejar el capital en manos de la administración pública donde yacen enquistados los mayores carteles de corrupción sería una equivocación absoluta.

¡Estamos de acuerdo!, el modelo actual no se caracteriza por ser propiamente un dechado de virtudes, sin embargo, las estadísticas y el análisis de los expertos también desvirtúan la tesis de que se trate del peor de los escenarios.

Según el Índice Compuesto de Resultados en Salud -ICRS-, 2022 que mide integralmente indicadores como prestación de servicios, personal sanitario,  sistemas de información sanitaria, acceso a los medicamentos esenciales, financiación, liderazgo y gobernanza, Colombia obtuvo un promedio de 81,5, 10 puntos por encima del promedio general de los 96 países objeto de medición.

Según ese mismo ránking, nuestro sistema de salud está por encima en términos de eficiencia de otras naciones del continente como Argentina, Perú, Ecuador, Uruguay y Brasil.

Cifras que coinciden con otros estudios independientes que posicionan positivamente a Colombia, muy a pesar de las debilidades notables en varios de los procesos.

Claro que viene bien la reingeniería a todo aquello que lo necesite, siempre que se trate de construir sobre lo construido y procurar la mejora continua de lo que ya existe.
Lo que no está bien es abusar del poder y asumir posiciones beligerantes, mezquinas, intransigentes y caprichosas, cuando en democracia, el Congreso de la República niega las iniciativas del Gobierno.

Si las intervenciones a Sanitas y la Nueva EPS estaban justificadas y contaban con un expediente suficientemente sólido, el peor momento para ordenar su toma fue justamente este.

En el aire queda la sensación de que se trata de acciones premeditadas, con cierto tufo de venganza y retaliación en respuesta al rechazo del parlamento.

Y entonces, surgen varias preguntas, la primera, si las grandes reformas del proyecto de la Colombia Humana van a terminar siendo impuestas a cualquier precio, incluso poner en riesgo la atención y tratamientos de pacientes con enfermedades graves para quienes la suspensión en el acceso a medicamentos y procedimientos especializados tiene una dependencia vital.

¿La salud de los colombianos, ya por años sometida a tramitologías siniestras como el paseo de la muerte, ahora entonces se convierte en una ficha de transacción política para cobrar venganzas?

¿Los abrumadores despilfarros y malversaciones al presupuesto de la salud justifican la improvisación para incorporar un modelo desde ceros, sin considerar por un momento lo que puede estar siendo útil y contemplando adaptaciones y mejoras progresivas y planificadas?
Es muy del estilo del progresismo que nos gobierna y de sus cabezas visibles ese espíritu reformista radical.
Recuerdo incluso una frase recurrente del exalcalde de Ibagué y hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en sus apariciones ante la prensa “Nosotros podemos equivocarnos, pero si nos equivocamos es de buena fe”.

Y están en todo su derecho, como lo defienden adeptos y activistas de esta corriente del cambio quienes siempre apelan al espejo retrovisor para justificarse.

Uno puede equivocarse de buena fe intentando quitarle el negocio de las basuras a particulares y soportar por semanas la inundación de desechos en las calles como ocurrió en tiempos de la Bogotá Humana.

Pero no hay margen de error, cuando de lo que hablamos es de la vida de pacientes que pueden estar muriendo mientras el gobierno juega a refundar la patria.

Ojalá las instrucciones impartidas por el presidente Petro a sus gerentes interventores sean sanear las finanzas de las instituciones y no evitar hacer lo necesario para dejarlas deslizar hacia el abismo y encontrar argumentos para su liquidación.