La apuesta presidencial por la Paz Total fue presentada como un paradigma transformador que buscaba superar los acuerdos fragmentados del pasado y articular un esfuerzo integral para cerrar las heridas del conflicto en Colombia. Sin embargo, a más de un año y medio del gobierno de Gustavo Petro, los avances parecen diluirse en un mar de crisis humanitarias, como lo demuestra la situación crítica en el Catatumbo. Este escenario plantea interrogantes sobre la viabilidad de un proyecto que, aunque ambicioso, enfrenta múltiples retos de diseño, ejecución y contexto político.

La crisis en el Catatumbo es una de las más graves manifestaciones de la inseguridad que se ha disparado en el país. Más de 450 familias desplazadas, decenas de muertos y heridos, y una sensación generalizada de abandono estatal describen la situación en esta región. Las comunidades denuncian la falta de atención humanitaria y el incumplimiento de las responsabilidades estatales. Líderes sociales, declarados objetivos militares, están haciendo lo imposible para atender a los desplazados con recursos mínimos. La ausencia de una respuesta contundente del gobierno refleja no solo la debilidad institucional, sino también una desconexión con las realidades territoriales.

El enfoque del actual gobierno parece carecer de la planificación y la capacidad técnica necesarias para enfrentar las múltiples crisis del país. Si bien ha habido esfuerzos como el cese al fuego con el ELN, las rupturas frecuentes de las negociaciones y la persistencia de la violencia dejan mucho que desear.

Por ejemplo, la seguridad rural, un componente esencial de la paz, ha empeorado significativamente. Regiones como el Catatumbo, Arauca y el Cauca están en llamas, mientras que los campesinos y líderes sociales se sienten desprotegidos. Esto no solo mina la confianza en el Estado, sino que también socava cualquier intento de construir paz en el mediano plazo. Algo similar sucede en el departamento del Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz ha denunciado la reaparición de las disidencias de las FARC en municipios como Anzoátegui, Rioblanco, Santa Isabel y Lérida, donde se han registrado actividades como retenes ilegales, extorsiones y presencia armada en áreas rurales y urbanas. Matiz ha solicitado insistentemente al Gobierno Nacional y a las Fuerzas Militares que refuercen la seguridad en la región para evitar que se pierdan los avances logrados en las últimas dos décadas en materia de seguridad y desarrollo.

La respuesta del Gobierno Nacional a estas solicitudes ha sido percibida como insuficiente. La falta de acciones concretas para contrarrestar la expansión de los grupos armados en el Tolima no solo pone en riesgo la estabilidad del departamento, sino que también refleja una desconexión entre las políticas de seguridad nacional y las realidades locales. La situación en el Tolima es un llamado de atención sobre la necesidad de una estrategia de seguridad más coherente y efectiva que articule los esfuerzos del Gobierno Nacional y las autoridades regionales para enfrentar las amenazas emergentes y garantizar la protección de la población civil.

En conclusión, la Paz Total requiere más que declaraciones de intención; demanda una implementación efectiva de políticas públicas que aborden las causas profundas del conflicto y una presencia estatal robusta que garantice la seguridad y el bienestar de todas las regiones del país. La situación en el Tolima, sumada a las crisis en otras zonas como el Catatumbo, evidencia la urgencia de replantear las estrategias actuales y fortalecer la colaboración entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales para construir una paz sostenible y verdadera en Colombia.
GREIS CIFUENTES PhD.