Gestionar el riesgo
Es común escuchar en el fraseario popular que la necesidad de unos es la oportunidad de otros.Una justificación tácita de la cultura del más vivo que hace parte de la idiosincrasia nacional.
Y ese parece ser un concepto que los políticos en Colombia y muchos servidores públicos han hecho propio.
La prueba más fehaciente es lo que hoy ocurre con la gestión del riesgo de desastres, un tema de enorme sensibilidad que se ha convertido en excusa para saquear la finanzas del Estado, sin generar soluciones reales.
En tiempos de sequía se adquirieron 80 carrotanques para La Guajira que nunca salieron del parqueadero y además fueron pagados por mucho más de su valor comercial, en un evidente sobrecosto.
Y para solucionar el drama de miles de familias en La Mojana sucreña, ante las inundaciones por el desbordamiento del Río Cauca, en tiempos de más lluvias, se tiraron a la basura más de un billón de pesos en jarillones que nunca fueron terminados y dejaron boquetes por donde las aguas volvieron a anegarlo todo.
Es una verdadera tragedia, una desgracia, que la ausencia de acciones planeadas para prevenir el riesgo le pongan en bandeja de plata el recurso público a los corruptos.
El escenario se replica en pequeña y mediana escala en departamentos y municipios del país. La variabilidad climática que ya no es una sorpresa y que además puede ser advertida con tiempo, utilizando herramientas predictivas, se devela como una aparición divina a los administradores públicos que logran ponerse al día con sus aportantes de campaña, echando mano de instrumentos legales como las declaratorias de calamidad para favorecer a terceros a través de la contratación directa.
Se alquila maquinaria en la emergencia para habilitar vías, pero no se contempla la comprao el mantenimiento para fortalecer los recursos oficiales en tiempos de alistamiento.
Se viabilizan obras de ejecución prioritaria cuando las avenidas torrenciales destruyen viviendas y acueductos, aunque las mismas estuvieran identificadas con antelación en mapas de riesgos, estudios e informes.
El asunto no es fortuito. Claramente hay una premeditación que pareciera hablar de la inconveniencia de actuar anticipadamente, aunque incluso esto pudiera representar menos costos al erario.
No basta con reaccionar oportunamente cuando se pierden vidas o se pone en peligro el patrimonio de personas humildes, habiendo podido evitarlo. Omisiones voluntarias que luego se traducen en demandas y millonarias indemnizaciones pagadas con el dinero de nuestros impuestos.
El cambio climático es irreversible y ahora que se trabaja en la revisión de los planes de desarrollo, valdría la pena que concejos y asambleas pusieran la lupa sobre estos temas, más allá de que no se traduzcan en votos.
Es urgente y necesario incluir presupuestos y proyectos puntuales para evitar las consecuencias que cada verano o cada invierno, inexplicablemente, se repiten y se agudizan en los mismos puntos como si no existiera memoria o registros históricos de su ocurrencia.
Es claro que muchas de las soluciones de fondo no se pueden desarrollar en cuatro años de un período de gobierno y necesitarían planes de inversión a largo plazo, pero ¿acaso no es eso lo que posibilitan las política públicas?
Resulta muy mezquino pensar que un gobernante desapruebe estas iniciativas porque en prospectiva el tiempo no le dé para cortar la cinta.
Un modelo replicable sería el de la capital del Atlántico, donde la voluntad política logró sacar del atolladero, años de estancamiento frente a las soluciones que demandaban las comunidades, afectadas por devastadores arrollos.
Esas mismas salidas son las que nos evitarían seguir registrando en la prensa las inundaciones en barrios de pescadores en Honda o pasar una y otra vez por la calamidad del desabastecimiento de agua en Ibagué, cuando desde hace 16 años las mismas quebradas registran crecientes súbitas, desencadenando avalanchas en el Cañón del Combeima, erosionando la vía de acceso, taponando la captación de la bocatoma o impidiendo el tratamiento del líquido por alta turbiedad.
Es tiempo de pasar la página reactiva de la gestión del riesgo y escribir un capítulo desde la prevención más eficaz, sostenible y planeado.