Mil veces se ha hablado sobre la urgencia de una reforma pensional que solucione dificultades estructurales. Es una necesidad que millones de adultos mayores tengan alguna posibilidad de beneficio en su vejez y para quienes, de no existir un subsidio, es imposible lograrlo. También es indispensable darles una salida a millones de personas que, al provenir de la informalidad, difícilmente alcanzarán las semanas cotizadas. Igualmente, el sistema pensional debe romper con ese modelo de “Robin Hood” al revés, donde los más pobres terminan subsidiando a los ricos, o porque financian un régimen de prima media no sostenible o porque terminan pagando regímenes especiales, que desbordan cualquier lógica financiera sostenible.  

Pero habiendo dicho esto, y a poco de terminar esta discusión en el Congreso, es prudente hacer un último intento por ser conscientes del impacto fiscal a mediano plazo, que tiene la reforma pensional, y eventualmente hacer los últimos ajustes, así sea en conciliación, que generen tranquilidad a las nuevas generaciones, que pueden ser los “paganini” de la reforma.

Aunque tarde, sólo hasta ahora conocemos el informe detallado de aval fiscal de Minhacienda, y se hizo público un nuevo análisis del Comité Autónomo de Regla Fiscal CARF, que justamente por su autonomía al interés del gobierno, bien merece el análisis en paralelo.

Intentando conciliar las cifras entre uno y otro (que no es sencillo), y pensando en el ciudadano, que suele hacer cuentas de su propio negocio, vale la pena repasar pedagógicamente los costos de la iniciativa de ley.

Tal como lo señala CARF, el beneficio solidario a 2,8 millones de adultos mayores tendría un costo neto de 0,3% del PIB. Algo así como 4,8 billones de pesos adicionales anuales. Por otro lado, el beneficio a los informales en el régimen semicontributivo, tanto para el CARF como para hacienda, tendría un costo adicional anual entre 0,3% y 0,8% del PIB. Algo así como entre 4,8 billones y 12,8 billones anuales adicionales.

Y finalmente el régimen contributivo, con el umbral que ha definido el congreso en 2,3 salarios mínimos, para definir hasta cuanto quedaría en las AFPs y cuanto pasaría a Colpensiones, le costaría al país en el peor momento del anális, giros adicionales del presupuesto nacional a Colpensiones del orden de 2,5% del PIB. Es decir, algo así como 40 billones de pesos adicionales.

Así las cosas, la reforma pensional, le costaría al país, en el peor momento, entre 3 y 3,6% del PIB que, en un cálculo sencillo, y promediando, sería más o menos 54 billones de pesos anuales adicionales.

La pregunta es ¿quién pagará esta cuenta? La única respuesta hasta ahora es que lo harán los jóvenes, quienes tendrán tres opciones: Aumentar las cotizaciones de pensión (mínimo dos veces lo que hoy aportan), pagar nuevas reformas tributarias (mínimo 4 reformas tributarias adicionales) o aprobar otra nueva reforma pensional para cambiar parámetros como la edad para pensionarse (u otros)

¿Suena esto responsable? ¿No valdría la pena modificar algunos de los parámetros desde ya en esta reforma y cambiar el umbral, para evitar que nuestros jóvenes, que hoy no deciden y nadie escucha sobre el tema, tengan un mejor futuro?