El diario El Espectador al conocer que con la llegada del nuevo presidenta de la Comisión de Acusación, Ricardo Ferro, informó que desde el año anterior venía advirtiendo sobre unos correos que demostrarían disputas internas por la administración de la Jurisdicción Especial para la Paz entre la presidenta Patricia Linares y el magistrado Alejandro Ramelli antes de que se consolidara el tribunal transicional.

Inicialmente el presidente de la corporación indicó que a su despacho se allegó la denuncia realizada por una ciudadana, por lo que el conducto regular sería escuchar en versión libre a Linares y Ramelli, sin embargo, no entregó detalles puntuales de la misma.

El Espectador por su parte, advirtió que la misma al parecer sería por los correos enviados por Ramelli a Linares con información reservada de la Corte Constitucional el cual determinaba la estructura administrativa de la JEP, toda vez que para esa época Ramelli era magistrado auxiliar en el Alto Tribunal, sin embargo, al revelarse los correos, los mismos se defendieron señalando que “enviar un correo no significa que haya conocido de la decisión, ni que la haya leído, ni que la haya redactado”.

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En la denuncia presentada se exige que se tenga en cuenta el testimonio de Néstor Raúl Correa, exsecretario ejecutivo de la JEP, quien habría renunciado al cargo por desacuerdo con el modelo de administración del tribunal y quien además habría advertido irregularidades al interior del organismo, situación que llevó a Linares a indicar que el exsecretario de la JEP “había accedido presuntamente de manera ilegal a correos electrónicos privados de los magistrados”.

Los correos

La renuncia del secretario Ejecutivo de la JEP, Néstor Raúl Correa, al parecer se debió a inconvenientes internos para el diseño y contratación de la planta de más de 800 cargos del Tribunal Transicional, toda vez que en su momento se revelaron 22 correos privados cruzados entre varios magistrados y la presidenta Patricia Linares.

Inicialmente se había dicho que la renuncia de Correa se debía a diferencias con la presidenta Linares por el tamaño de las oficinas, falta de carros blindados, pero cada día más se estaría demostrando que la misma se dio por las pocas garantías que se tendrían para diseñar el organismo.

Frente al análisis hecho sobre los correos, es que ambos estarían incurriendo en una dudosa situación ética y en una falta disciplinaria por parte de Alejandro Ramelli, toda vez que ambos al parecer estarían interesados en diseñar una JEP con una estructura parecida a la de las cortes colombianas debido a que en los mismos se evidenciaba información reservada de la Corte Constitucional sobre el fallo de la estructura administrativa del Tribunal.

Además de lo evidenciado en los correos, El Espectador señaló que 9 de los 51 magistrados de la JEP convocados por la presidenta Linares, mostraron su intención de acumular facultades de contratación y administración de un multimillonario presupuesto en cabeza de Linares.

Es de recordar que Ramelli para el 2017 aún era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional en el despacho de Alberto Rojas Ríos, el cual tenía en su poder el Acto Legislativo 01 del 2017, el cual establece las bases del funcionamiento de la JEP, mientras que el magistrado ya hacia parte del “comité estratégico” que inició con la creación del marco jurídico para definir funciones de la JEP.

En versión rendida por Linares aseguró que no tuvo contacto con nadie de la corporación antes de la decisión, mientras que Ramelli manifestó que “enviar un correo no significa que haya conocido de la decisión, ni que la haya leído, ni que la haya redactado”, negando así ambos cualquier problema ético por haber compartido el extracto después de la decisión de la Corte.

Linares en su intervención advirtió que lo ocurrido se debió a que “como no soy constitucionalista, le pregunté a mi colega Alejandro [Ramelli], cómo interpretaría el comunicado de la Corte Constitucional, y él me dijo que (el magistrado) Rojas ya lo había enviado al (magistrado) Guerrero sobre cómo se podría interpretar eso, y él me mandó ese pedazo. Fue solo eso. Eso no quiere decir que sea la sentencia, porque incluso hasta hoy, no hay sentencia”.

Es por eso que el presidente de la Comisión de Acusaciones, Ricardo Ferro, adelantará las respectivas indagaciones toda vez que su único interés es esclarecer los hechos denunciados y entregar resultados a la ciudadanía frente al actuar de la presidenta y magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz la cual fue creada en el marco dl Proceso de Paz entre el Gobierno y las Farc y que busca satisfacer los derechos de las víctimas a la justicia, ofrecerles verdad y contribuir a su reparación, con el propósito de construir una paz estable y duradera.