Y es que según datos de la Policía Nacional, de 2020 a 2023 los casos de extorsión pasaron de ocho mil a diez mil. Además, la información de las autoridades arroja que, en promedio, de cada 10 llamadas extorsivas, seis se realizan desde alguna cárcel colombiana.

El proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes, busca regular la adquisición de tarjetas SIM en Colombia con el objetivo de combatir las extorsiones y otros delitos que se realizan desde los centros penitenciarios y carcelarios. La medida pretende que las tarjetas SIM sean adquiridas de manera más controlada, evitando que sean utilizadas de forma anónima, lo que permitiría identificar con mayor facilidad a los responsables de las llamadas extorsivas.

Este tipo de regulación también implicaría un mayor control por parte de los operadores móviles y las autoridades para verificar la identidad de los compradores y hacer un seguimiento más riguroso de los usuarios, especialmente en el entorno de los centros de reclusión, donde este tipo de delitos ha sido un problema persistente.

“La iniciativa contempla que todo aquel que compre una tarjeta SIM registre su huella o sus datos personales, generando así un mayor control. Si regulamos la venta de estas tarjetas estableciendo registro biométrico y huella, combatiremos de manera más asertiva la delincuencia”, manifestó el congresista que lidera la iniciativa, Julio César Triana.

Asimismo, otro de los representantes a la Cámara que respalda la propuesta, Gersel Luis Pérez, agregó: “Estamos planteando que por medio de la tecnología las personas que reciban llamadas extorsivas sepan desde qué cárcel se origina”.

Cabe resaltar que en las últimas semanas la Policía Nacional desarticuló un centro de llamadas extorsivas que operaba en la cárcel de Guaduas, Cundinamarca.