La propuesta de reforma laboral impulsada por el gobierno de Gustavo Petro ha generado un intenso debate en el país. Los críticos advierten que las medidas planteadas podrían aumentar los costos laborales entre 2.4 y 5.9 puntos porcentuales, lo que afectaría negativamente la economía, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi Pymes), responsables del 80% del empleo formal en Colombia.

Según Miguel Uribe, senador de la República, este aumento en los costos podría llevar al cierre de muchas 'Mi Pymes' o forzarlas hacia la informalidad, profundizando una crisis laboral que ya afecta a 15.5 millones de colombianos entre desempleados e informales. Las proyecciones sugieren que la reforma podría incrementar la informalidad laboral entre siete y 12 puntos porcentuales, lo que significaría la pérdida de hasta 2,7 millones de empleos formales adicionales.

El incremento de la informalidad tendría consecuencias graves para la economía nacional, ya que una mayor proporción de trabajadores informales reduce la productividad y limita el crecimiento económico. Actualmente, los ingresos de los trabajadores informales promedian solo 0,78 salarios mínimos, en comparación con los 2,1 salarios mínimos que ganan los empleados formales, lo que evidencia una brecha preocupante.

Ante los posibles efectos adversos de la reforma, algunos sectores están promoviendo una contrarreforma laboral que prioriza la flexibilización para facilitar la formalización del empleo. Esta propuesta incluye la reducción de costos no salariales, la implementación de un salario mínimo regional diferenciado y políticas que incentivan la generación de empleo de calidad.

“Colombia necesita una reforma laboral que sea justa para todos. Este proyecto no solo amenaza el empleo formal, sino que destruye las bases del crecimiento económico”, expresa Uribe Turbay, reiterando su compromiso de bloquear la aprobación de esta reforma y trabajar por soluciones que protejan los ingresos de las familias colombianas.