Este escándalo ha encendido nuevamente las alarmas sobre el funcionamiento del sistema y ha generado duros cuestionamientos al Gobierno y a las EPS.

Martha Alfonso, representante a la Cámara y ponente de la reforma a la salud, fue una de las voces más críticas frente a esta situación. “Se confirman muchas cosas que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. Las EPS tienen un desorden monumental en sus cuentas porque han manejado los recursos de la salud de una manera muy arbitraria”, aseguró la congresista.

Un problema recurrente que denunció Alfonso es el atraso en los pagos a las IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios). Según la congresista, hay deudas pendientes desde 2019 y cuando las EPS realizan abonos, no hay claridad sobre a qué facturas corresponden, lo que evidencia una falta de organización preocupante. “Es un desorden tremendo en la facturación y en el manejo de las cuentas, lo que ha hecho que haya tanta crisis en el flujo de recursos”, destacó.

Uno de los puntos más graves que expuso la representante es la acumulación de recursos que las EPS reciben mensualmente de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC). Según Alfonso, este dinero no llega de manera oportuna a las IPS, lo que genera dudas sobre su destino y evidencia un manejo poco transparente. “Empiezan a darle manejos que no son realmente claros, y como no tienen auditoría, pueden hacerlo porque la ley colombiana ha sido diseñada para beneficiar a las EPS”, afirmó.

El informe también ha sido blanco de críticas por la manera en que fue presentado. En redes sociales, señalaron que el documento, compartido por el presidente Gustavo Petro, aparecía bajo el nombre de Vicente Calvo, un tuitero crítico de las EPS. Sin embargo, Alfonso defendió la validez del informe, asegurando que se trata de un trabajo especializado realizado por técnicos del Ministerio de Salud, la Adres y actores de la sociedad civil.

Estas revelaciones refuerzan la urgencia de una reforma estructural al sistema de salud en Colombia, una de las principales banderas del gobierno de Gustavo Petro. Alfonso insistió en que estos hallazgos deben servir como evidencia del caos que impera en el manejo de los recursos y como impulso para transformar un sistema que, según ella, ha sido estructurado para privilegiar a las EPS en detrimento de los usuarios.

Mientras se agudizan los cuestionamientos, los principales afectados son los colombianos que dependen del sistema de salud. El desorden administrativo, sumado a las irregularidades financieras, continúa afectando la calidad y oportunidad en la prestación de los servicios de salud, lo que deja en evidencia la necesidad urgente de un cambio estructural.

La crisis de las EPS, lejos de resolverse, parece agravarse, y con ello también la preocupación de millones de colombianos que ven su derecho a la salud comprometido por el desorden y la falta de transparencia. El debate sigue abierto, pero lo que es claro es que el sistema necesita soluciones inmediatas y contundentes.