Denuncia penal al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo

Por incumplir órdenes Judiciales emitidas por la Corte Constitucional en el Auto 2049 de 2024, que podría configurar la presunta comisión dolosa del delito de fraude a resolución judicial, el representante a la Cámara por el Centro Democrátrico, Hernán Cadavid demandó penalmente al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
El Auto en mención establece que "no se han girado los dineros reconocidos como reajuste de los presupuestos máximos de la vigencia del año 2022 -por valor de $819 mil millones-. A pesar de que el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis, del 26 de diciembre de 2023 autorizó que estos fueran cancelados con cargo al servicio de deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2024, el Ministerio de Hacienda no ha transferido los recursos, por lo que el ordinal tercero del Auto 2881 de 2023 no se ha cumplido".
En su escrito el parlamentario advirtió al ministro de Salud y Protección Social que el incumplimiento al presente requerimiento dará lugar a la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación para que proceda a las investigaciones pertinentes por el delito de fraude a resolución judicial.
Según Cadavid, pese a estas órdenes de obligatorio cumplimiento, el Ministerio de Salud no ha realizado los pagos ni expedido los actos administrativos ordenados por la Corte Constitucional.
Como consecuencia de este incumplimiento, las Entidades Promotoras de Salud, EPS, se han visto gravemente afectadas, comprometiendo la prestación del servicio de salud y vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía.
Por lo anterior se solicitó que se dé apertura formal a la investigación penal en contra el Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, encaminada a determinar si lo sucedido puede configurar la presunta comisión dolosa del delito de fraude a resolución judicial.
Igualmente Cadavid solicitó que se informe a la Corte Constitucional y a la Procuraduría General de la Nación sobre el estado del cumplimiento de las órdenes contenidas en el Auto 2049 de 2024.