La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, en segundo debate, el proyecto de ley 291 de 2023, “Jorge Enrique Pizano”, que busca garantizar medidas de protección a quienes denuncien este tipo de actos.   

“Gracias por este ejercicio de complementación, de diálogo y sobre todo de discusión. Creo que el tema es fundamental no solo a nivel nacional sino internacional y, por eso, como ministra de Justicia, creo que se ha hecho un ejercicio democrático en donde también hemos tenido en cuenta muchos de los planteamientos y las reformas también son en beneficio del proyecto. Así que yo quiero agradecer a todos ustedes. Este diálogo construye y es el ejercicio permanente que en el Congreso he visto”, dijo la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. 

Esta legislación responde a la necesidad urgente de fortalecer la protección de los denunciantes de corrupción, asegurando su seguridad física, estabilidad profesional y bienestar psicosocial, al tiempo que promueve una cultura de denuncia libre de represalias. 

El proyecto también establece mecanismos claros para garantizar la confidencialidad de los denunciantes, prevenir represalias laborales y personales, y crear un Sistema Unificado de Protección a Reportantes de Actos de Corrupción, Suprac, adscrito a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 

La iniciativa está alineada a los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de lucha contra la corrupción, y con tratados como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y recomendaciones de la OCDE. 

El proyecto de ley hace una mención expresa a los periodistas y demás personas que con ocasión de su oficio o profesión obtenga información privilegiada relacionada con un presunto hecho o acto de corrupción y que pueden ser también víctimas de represalias, por lo que también será sujeto de la protección del sistema. 

El siguiente paso en el proceso legislativo será el tercer debate en el Senado de la República. 

“Aquí no se está creando nada diferente a lo que plantea el Bloque de Derecho Internacional frente a la necesidad de proteger a las personas, sobre todo, en un país donde la corrupción está en cada entidad. La corrupción mata, porque cuando se corrompe cada una de las estructuras se dejan de atender las necesidades básicas de un país”, agregó la ministra Buitrago.