El pasado 19 de febrero, la Procuraduría Regional de Instrucción Tolima, ordenó la apertura de la indagación previa, dentro del expediente E-2024-437714/D-2024-3752820, el cual vincula a William Santiago Molina, concejal de Ibagué, por presunta inhabilidad para el ejercicio de su cargo.

Y es que, ante una queja interpuesta por el señor Carlos Alberto Martínez, por motivo de una presunta violación al régimen de inhabilidad, cuando los entonces concejales del municipio eligieron y posesionaron al señor Ramiro Sánchez como contralor municipal, aún cuando este estaba inhabilitado para dicho cargo, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, al parecer, resolvió suspender por nueve meses el ejercicio de cargos públicos a los concejales implicados, entre los que se encuentra Santiago.

Ante la situación, los concejales implicados decidieron apelar el fallo ante el Tribunal Administrativo del Tolima, investigación que hoy se encuentra en el Consejo de Estado.

Cabe resaltar que, Santiago no estaría dentro del grupo de concejales que demandaron el fallo en primera instancia.
Ante los hechos, la veeduría ‘Tolima Despierta’ interpuso una demanda ante la Procuraduría Regional de Instrucción Tolima, alegando que el cabildante al no estar adherido al grupo de concejales que decidieron apelar el fallo del ente de control, la sanción aún estaría vigente para el concejal.

Ahora, la Procuraduría notificó a la veeduría la apertura de esta indagación, por lo que Santiago ahora deberá rendir indagatoria.

Ecos del Combeima se contactó con el abogado Emanuel Zamora, quien mencionó que, al continuar la investigación del proceso, mientras no exista un fallo ejecutoriado, Molina puede desempeñar cargos públicos. Así mismo, recalcó que, es prudente saber si la sanción a los concejales, se establece en un acto administrativo conjunto, o en varios actos administrativos, es decir de manera individual.

Zamora mencionó, además que, en caso de no estar vinculado a la apelación interpuesta por los demás concejales, el ente de control deberá determinar si este ya habría cumplido, o no, el tiempo de suspensión contemplado por el fallo en primera instancia.

Finalmente, el abogado aclaró que, en caso de estar adherido a la demanda colocada por los demás cabildantes, Santiago deberá acatar la decisión que tome el Consejo de Estado.

En cualquiera de los escenarios, Santiago se encuentra en un lío jurídico, en el que la veeduría solicita su suspensión inmediata, por causa de una presunta vulneración al numeral 3 artículo 42 del Código General del Proceso.