En una decisión clave para el ecosistema empresarial del país, la plenaria del Senado aprobó, en segundo de cuatro debates, un proyecto de ley con nuevas disposiciones destinadas a simplificar trámites y mejorar las condiciones de las pequeñas empresas. 

La iniciativa, liderada por la senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia, busca reducir costos administrativos, agilizar procesos y facilitar la formalización de pequeñas y medianas empresas.  

Uno de los principales cambios establece que ninguna entidad estatal podrá exigir más de una vez un documento que ya haya sido entregado previamente, evitando así la duplicidad de trámites y la burocracia excesiva. Esto permitiría a los empresarios ahorrar tiempo y recursos, promoviendo un entorno más eficiente para el desarrollo de sus negocios.  

Otra medida importante es que cuando una empresa entre en proceso de disolución, ninguna entidad podrá cobrar tasas o tarifas relacionadas con su funcionamiento que no hayan sido generadas antes del inicio del proceso. Esta disposición protegería a los emprendedores de costos adicionales cuando cierran su actividad comercial.  

En materia tributaria, la iniciativa establece que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN,  deberá reintegrar a los contribuyentes los saldos a favor en un plazo no mayor a dos meses. Este ajuste buscaría aliviar la carga financiera de las empresas y mejorar el flujo de caja de los negocios que requieren recursos para mantenerse operativos.

Otro punto relevante es que la obtención del registro y la matrícula mercantil permitiría iniciar automáticamente el proceso de registro de marca y sus complementarios. Esto facilita la protección legal de las pequeñas empresas, incluidos los emprendimientos- y fomentaría la innovación y competitividad en el sector empresarial.  

Asimismo, el proyecto de ley incorpora un Registro Único de Proponentes simplificado, lo que permitiría a las micro y pequeñas empresas acceder con mayor facilidad a los procesos de contratación con el Estado. 

Sobre este punto, la senadora Paloma Valencia enfatizó que “esto no es un registro obligatorio. Lo que pasa es que hoy cuando usted quiere contratar con el Estado tiene que tener el Registro Único de Proponentes. Las empresas grandes lo pueden sacar, pero a las pequeñas les cuesta demasiado dinero y demasiados trámites”.  

El senador por el Partido AICO, Richard Fuelantala, destacó la importancia de estas reformas para fortalecer la formalización empresarial en el país y pidió más avances. “La formalización empresarial no se logra mediante la creación de nuevos registros, sino a través de incentivos que faciliten este proceso”, afirmó el congresista de las comunidades indígenas.  

El proyecto de ley continuará su trámite en la Cámara de Representantes, donde deberá cumplir dos debates más para convertirse en Ley de la República.