Un proceso de licitación pública adelantado por la Secretaría de Planeación de Ibagué ha desatado controversia tras la adjudicación de un millonario contrato para la actualización catastral de la zona rural en su totalidad y de manera parcial en la zona urbana del municipio.

El contrato, por un valor superior a los $14.500 millones de pesos, fue asignado al Consorcio Ibagué Multipropósito, representado legalmente por Elkin Darío Pérez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.069.725.970, luego de que solo un proponente se presentara al proceso, lo cual ha despertado cuestionamientos desde diferentes sectores sobre la pluralidad y transparencia del proceso.

La adjudicación se concretó durante la audiencia celebrada este jueves 26 de junio, donde se oficializó la decisión de la administración municipal. El contrato establece un plazo de ejecución de seis meses, por lo que la nueva base catastral debería estar lista en diciembre de 2025.

La Secretaría de Planeación ha defendido la necesidad de actualizar el catastro, argumentando que muchos predios no cuentan con información actualizada sobre área construida, uso o características físicas, lo que impide una gestión eficiente del suelo y del recaudo.

Asimismo algunas voces del ámbito político han salido en defensa del contrato, entre ellas la concejal Silvia Ortiz, quien expresó que la medida responde a una necesidad estructural de la ciudad: “Hay muchos ibaguereños que no les gusta que se les meta la mano al bolsillo. Cuando vemos las exigencias de los ciudadanos, con respecto a tener la ciudad en las mejores condiciones para que sea una ciudad competitiva, pues tenemos que hacerlo”, afirmó.

Sin embargo, la discusión continúa abierta, especialmente ante el posible incremento de obligaciones tributarias para los propietarios que resulten con ajustes en el avalúo catastral tras la intervención.