Tendría muchas consideraciones jurídicas y políticas para exponer porque razón, quien acierta es la Corte Constitucional, y quienes se equivocan son aquellos que a través de un Acto Legislativo, pretendieron modificar la Constitución, en un aspecto – debo decirlo de entrada -  que por ser definitivamente estructural, no podía hacerse por la vía del Acto Legislativo simple, apelando únicamente al Congreso de la República. Dicho de otra manera, si lo que se quería era consagrar la cadena perpetua, un análisis simple de la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, a propósito de la imposibilidad de “SUSTITUIR LA CONSTITUCIÓN” habría conducido a los promotores de esta iniciativa, a optar por otro mecanismo diferente para reformar la Carta Política. 

Y es que era más que previsible la decisión de la Corte, pues la dignidad humana constituye un elemento fundante en nuestro ordenamiento superior, a tal punto, que la cadena perpetua fue proscrita de manera tajante y expresa en la originaria Constitución de 1991. Adicionalmente y por si fuera poco, cuando nuestra nación adoptó el Estatuto de Roma, que consagra en el literal b) del numeral 1º del artículo 77, la reclusión a perpetuidad - cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado – se percato de que dicha disposición no podía ingresar a nuestro ordenamiento jurídico, y de allí que se estableciera la consabida salvaguarda.

La frustración ciudadana entonces, no es atribuible a la Corte Constitucional, sino a quienes escogieron equivocadamente el mecanismo para reformar la Constitución. 

Y es que no está en discusión, lo abominable y reprochable que resultan ser los delitos cometidos contra nuestros niños; más aún si se compromete su integridad y libertad sexual. Frente a este tipo de delincuentes, no cabe duda que, debemos ser implacables y rigurosos. La pregunta obligada que subyace es: “¿CONSTITUYE EL AUMENTO DE PENAS, UNA HERRAMIENTA DISUASIVA Y EFECTIVA PARA QUE LAS PERSONAS PROCLIVES A DELINQUIR, ¿DEJEN DE HACERLO? 

No me cabe duda de la buena fe que acompaña a algunos que creen que la cadena perpetua es una herramienta efectiva para atacar y/o resolver  este tipo de problemáticas, aunque las estadísticas enseñen todo lo contrario, como en el caso de la denominada Ley Rosa Elvira Cely -1761 de 2015 – que  seis años después de su vigencia, no muestra los efectos esperados, en tanto siguen aumentando los feminicidios, entendidos como muertes violentas por razones de género; desafortunadamente tampoco faltaron en esta fallida reforma Constitucional como en la aprobación de muchas otras leyes, los que la apoyaron por simple populismo, y por los márgenes de favorabilidad y sintonía con la opinión pública que se podría obtener, dado lo taquillera de la iniciativa. 

Como congresista que fui, hoy más que nunca estoy convencido, que la labor de los Senadores y de los Representantes se debería concentrar mucho más en el control político, que en la aprobación de leyes y de reformas Constitucionales. Quienes hoy se rasgan desde el Congreso de la República las vestiduras contra la Corte Constitucional, deberían promover serios debates de control político y seguimiento  a las instituciones estatales encargadas de la protección de nuestro más valioso tesoro que son nuestros niños, pues aún, sin la cadena perpetua – que era una medida de reacción y no de prevención  - doy fe que existen muchas herramientas en nuestro ordenamiento jurídico, que si se pusieran en práctica, cumplirían saludables efectos, en procura del bienestar de nuestros menores. 

Según informes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las agresiones sexuales contra los niños y niñas, en Colombia, son cometidas principalmente por familiares, amigos y/o personas cercanas a la familia, siendo la propia vivienda el espacio de mayor ocurrencia de estos delitos. Estas circunstancias, sin duda alguna, muestran una sociedad con enfermos sexuales, no diagnosticados, no tratados y viviendo además en hacinamiento, lo que facilita el actuar delictivo de los agresores. Tal vez programas de salud pública que prendieran alertas sobre el hacinamiento, especialmente cundo en ellos habitan menores, (los que se identifican con la encuesta de hogares del DANE), y el aprovechamiento de esta información, más allá de la conformación de estadísticas. Tal vez este tipo de informaciones debieran servir para identificar soluciones y programas sociales de prevención de éste tipo de delitos (programas de vivienda, programas de empleo, tratamientos y programas de salud física y mental). Plantear también soluciones y programas creativos para las familias más vulnerables en los temas mencionados, y su financiación en el presupuesto que se empieza a discutir, sería un instrumento que con seguridad reduciría sustancialmente éste tipo de agresiones y bajaría las tasas de este tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. 

Invito a quienes defendieron la cadena perpetua y con quienes comparto como Padre de dos menores, el repudio que me produce la ocurrencia de todo hecho que atente contra la libertad sexual de los menores, a que se trabaje desde el Gobierno y desde el Congreso de la República en el fortalecimiento de una política transversal de protección a nuestros pequeños, que vaya mucho más allá del incremento  de penas efectivas para los victimarios, y que tenga la capacidad creativa de evitar que dichas afectaciones a los infantes se produzcan.  El momento próximo de la aprobación del Presupuesto General de la Nación, sí que es una bonita oportunidad para que el Congreso dote de herramientas a dichas instituciones que a veces trabajan con las uñas, para así también poder exigirles inmejorables resultados.