Por iniciativa del senador David Luna, sesionó hoy la Comisión Accidental de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, con la participación de delegados de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

Los requisitos y procedimientos rígidos dificultan la oportuna y eficiente reparación a las víctimas del conflicto armado, así lo aseguró Patricia Tobón, Directora de la Unidad Nacional de Víctimas.

De acuerdo con el senador de Cambio Radical, desde el Congreso se está haciendo seguimiento a la aplicación de la ley, teniendo en cuenta la magnitud de la población afectada por la guerra y la necesidad de que la reparación se haga de manera efectiva y real, para superar las secuelas de la guerra.

Al presentar el informe de los seis meses de gestión, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, señaló que el control de las políticas públicas debe contribuir al mejoramiento de la atención y a garantizar los derechos de las víctimas, “esto requiere seguimiento, debates públicos, porque del avance de estos derechos depende también la reparación de las víctimas del conflicto”.

Dijo que al llegar a la entidad encontró deudas y rezagos en el cumplimiento de la reparación a las víctimas por los obstáculos en que se han convertido muchos de los requisitos para acceder a las indemnizaciones.

“Hallé muchos procedimiento y requisitos que, en su rigidez, se convierten en obstáculos para el acceso de los derechos de las víctimas, dificultando que nuestra atención sea oportuna y eficiente”, puntualizó.

Asimismo, reveló que en la reparación administrativa durante todo el tiempo de implementación de la ley se han pagado 1´200.000 indemnizaciones, es decir, el 13 por ciento del universo de víctimas en todo el país, y que en el cuatrienio anterior, 2018 a 2022, las víctimas que recibieron algún pago por parte del estado ascendió a 325.442.

La funcionaria anunció que se está trabajando con los entes de control en mesas técnicas y organizaciones sociales, en la consolidación de propuestas y rutas de acción que se le entregarán al Presidente de la República, para que se puedan reorientar las estrategias para el cumplimiento de las políticas en favor de las víctimas.

“Las víctimas han estado relegadas de los procesos institucionales, para mí es un imperativo escucharlas, atender sus procesos de atención y reparación”, concluyó.