El excongresista y hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo, fue quien impulsó en el Congreso de la República la iniciativa legislativa que acaba de sancionar el presidente Gustavo Petro, considerada la primera ley penal de género en Colombia. 

La norma, que fue enviada por el expresidente Iván Duque ante la Corte Constitucional, pasó el control de constitucionalidad y ahora les permitirá a mujeres marginadas que sean cabeza de familia y hayan cometido un delito menor sin violencia, cumplir su pena trabajando, haciendo posible la resocialización y la aplicación de un enfoque penal restaurativo.
 
Según cifras del INPEC, en Bogotá el hacinamiento en la cárcel femenina del Buen Pastor llega al 45%, muy superior al hacinamiento en cárceles masculinas como La Picota (13%) y La Modelo (9,4%). 

En 33 años la población femenina en las cárceles del país creció más del 400%, al pasar de 1.500 reclusas en 1991 a 6.954 en la actualidad, con escaso personal de guardia. 

Un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México, encontró que -del total de las mujeres condenadas en el país- 75% eran madres cabeza de familia y el 53,4% fueron condenadas por delitos menores en los que habían incurrido por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
 
Las penas alternativas que ahora se aplicarán consisten en cumplir la condena extramuros, prestando servicios de utilidad pública. Los requisitos para acceder a dicho beneficio son:
 
·  ​Ser mujer madre cabeza de familia.
·  ​No tener antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores al delito.
·  ​Ser condenada a penas menores a los 6 años.
·  ​No haber cometido delitos violentos o que pongan en riesgo la seguridad ciudadana ni la seguridad de su(s) hijo(s).
·  ​Demostrar que las condiciones de comisión del delito estén asociadas a situaciones de marginalidad que afecten la manutención del hogar.

Se trata de una noticia especialmente relevante para mujeres madres cabeza de familia condenadas por delitos relacionados con el procesamiento y tráfico estupefacientes, o que han sido detenidas por la comisión de delitos no violentos y que no ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Corrige un problema estructural del sistema de justicia colombiano, que castiga con severidad a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico, como son las mujeres que han tenido que convertirse en “mulas” y a las cultivadoras de hoja de coca.
 
La nueva ley permitirá que las mujeres puedan pagar su deuda con la sociedad sin afectar sus hogares. “Esto lo hicimos con todos los partidos políticos, con un gran consenso. Cuando se separa la mamá de sus niños pequeños, estamos ante dos condenas: la condena a la mujer y la condena a sus hijos, porque quedan a la deriva y en condiciones precarias, que los llevan a deserción escolar, adicciones y comportamientos delincuenciales. Así adaptamos las leyes a las necesidades de las mujeres que luchan por sacar adelante a sus hogares en Colombia y especialmente en Bogotá, donde el hacinamiento carcelario femenino es apremiante”, puntualizó el candidato a la Alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara.