El debate por el aumento de las tarifas de servicios públicos continúa. Millones de colombianos se cuestionan el por qué del costo en sus facturas domiciliarias y qué posibles soluciones se plantean para regularlas pues luego de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente el Decreto 227 de 2023 que le daba facultades al presidente Gustavo Petro de regular la tarifa de servicios públicos, la situación deja más dudas que respuestas.

La comisión sexta del Senado citó a un debate de control político que contó con la presencia de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres; el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos; el Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, José Fernando Prada Ríos; entre otros. 

La sesión buscó conocer qué medidas desde el Gobierno Nacional se han adoptado para contrarrestar el fenómeno y qué estrategias se adelantarán para atender diferencias regionales en zonas como el Caribe, Nariño, Caquetá y Huila donde las empresas registran más pérdidas de energía.

En su intervención, la ministra Irene Vélez señaló que el gobierno anterior, en su necesidad de alivianar los gastos de los colombianos por la pandemia de la COVID-19, optó por no cobrar el servicio prestado lo que generó una acumulación de saldos que hoy no se han cancelado, pues si bien la pandemia ya pasó, la crisis económica aún continúa. “Como Gobierno Nacional estamos asumiendo una deuda de 4 billones de pesos producto de una decisión del Gobierno Duque para pagarle a las empresas”, añadió.

Comentó también que otra problemática que se dio en el contexto de la pandemia está relacionada con la Resolución 010 que estipula que los regímenes tarifarios duran 5 años, es decir, hasta el año 2025 no se pueden modificar por lo que desde esa cartera buscan decisiones complementarias como por ejemplo, restablecer el Indicador Específico para el Sector Eléctrico o acortar la percepción del riesgo en relación a asuntos climáticos o meteorológicos para que de esta forma las generadores de energía no se excusen a la hora de cobrar tarifas altas.

Los senadores
Desde la Vicepresidencia de la Comisión, la senadora Sandra Yaneth Jaimes Cruz, Coalición Pacto Histórico, dijo que, de darse una solución, no solo puede estar dirigida a los estratos 1, 2 y 3 pues la crisis económica golpea a todos los sectores. Esta afirmación también fue compartida por el senador Julio Alberto Elías Vidal, Partido de la U, quien además aprovechó para expresar su preocupación por la situación que atraviesa el Córdoba con lo que para él es “un posible monopolio con los incumplimientos por parte de la empresa de agua potable Acualia que hoy hace presencia en 12 municipios del departamento”.

Ante la intervención de la senadora Jaimes Cruz, el Superintendente Dagoberto Quiroga, agregó que su su labor es ejercer la vigilancia y control de los servicios públicos en el país y que, en promedio, reciben “5 mil quejas diarias” y que cuando llegó al cargo encontró “un rezago en atención de más de 220 mil quejas por parte de los usuarios”. 

En medio del contexto en materia cualitativa, el senador Carlos Eduardo Guevara Villabón, del Mira, advirtió que en Colombia “tenemos la séptima tarifa de energía eléctrica más alta de Latinoamérica” por lo que propone revisar el marco regulatorio que determine el precio final del servicio.

Para la senadora Sandra Ramírez Lobo Silva, Partido Comunes, para que exista un “verdadero debate de control” era necesaria la presencia de las empresas prestadoras de servicios públicos, en cabeza de sus gerentes. 

En lo que concierne al grueso de la discusión, puntualmente con la situación que se presenta en la región caribeña del país, la senadora Ana María Castañeda Gómez, del Partido Cambio Radical, advirtió que en esa zona de Colombia una resolución de la CREG es la responsable del problema.

Desde el Gobierno Nacional, en voz de la ministra Irene Vélez, afirmó que sí han emprendido acciones para detener el alza y recordó como desde esa cartera que ha logrado la “negociación de 800 contratos y que necesitaban la intervención del Estado”.