En un acto de firme oposición, Miranda ha alertado sobre un intento de posponer por al menos dos años la aplicación de los denominados "impuestos saludables". Esta preocupación surge en el contexto de la discusión del presupuesto para el año 2024, donde se ha presentado una controvertida proposición con el objetivo de retrasar la entrada en vigencia de estos impuestos.

La proposición en cuestión, respaldada por figuras de la oposición como el representante Andrés Forero, busca que los impuestos saludables, establecidos en el artículo 54 de la ley 2277 de 2022, entren en vigencia solo cuando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a junio no supere el 8 por ciento. En caso contrario, se establece un plazo máximo para su entrada en vigor en 2026.

La justificación detrás de esta proposición se fundamenta en la preocupante inflación que ha afectado al país en los últimos tiempos. Sus proponentes argumentan que la imposición de nuevas cargas tributarias en el ámbito alimenticio podría contribuir al aumento de la inflación.

La representante Katherine Miranda ha expresado su profunda preocupación en relación a esta propuesta durante la discusión del presupuesto. Cuestionó el hecho de que, a pesar de la supuesta insuficiencia financiera del presupuesto, se estén recortando fuentes de financiación del Estado. Además, destacó que se proyecta que los impuestos saludables aportarán aproximadamente 2.8 billones de pesos en ingresos para el año 2024 y 3 billones de pesos para el 2025. Si se suspende su aplicación, estos recursos quedarían fuera del panorama, creando un preocupante déficit.

"En estos dos años, el Estado dejaría de recaudar cerca de 6 billones de pesos si se aprueba esta propuesta de aplazamiento. Necesitamos políticas tributarias y de salud responsables", concluyó Miranda en su intervención, instando a la responsabilidad en esta crucial materia.

La discusión sobre la vigencia de los impuestos saludables se torna en un tema de gran importancia para el futuro económico y de salud pública del país. La sociedad y los legisladores seguirán atentos a este debate que determinará la dirección de las políticas fiscales y de bienestar social en Colombia.