Según Efraín Valencia, presidente de los gremios, esta decisión pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud y afecta directamente la calidad de la atención médica que reciben millones de colombianos.

La UPC es un componente clave del sistema de salud, ya que define el monto destinado a garantizar la cobertura de servicios médicos de todos los ciudadanos. Sin embargo, el incremento decretado resulta insuficiente frente al aumento de los costos laborales de los profesionales y especialistas del sector, que este año fue del 9.53%, según el ajuste del salario mínimo establecido por el mismo gobierno.

“Este incremento de la UPC no alcanza a cubrir ni siquiera los costos más básicos de operación en salud, mucho menos los derivados del aumento salarial. Si el sistema no recibe un ajuste acorde a las necesidades reales, el acceso a una salud oportuna y de calidad estará gravemente comprometido”, afirmaron Efraín Valencia, presidente de los Gremios Económicos del Tolima.

Analistas y expertos en salud han recomendado que el incremento de la UPC para el 2025 debería estar en el orden del 16%, una cifra que permitiría cubrir los costos reales y garantizar la sostenibilidad del sistema en un momento crítico. El país está en medio de la discusión de una reforma estructural al sector salud, lo que hace que estas decisiones sean aún más relevantes y de alto impacto.

Los gremios también destacaron que, sin un ajuste adecuado, las instituciones prestadoras de salud (IPS), los profesionales y, sobre todo, los usuarios, serán los principales afectados. En un contexto de inflación y crisis económica, la decisión del gobierno podría derivar en retrasos en los pagos, desabastecimiento de insumos y una reducción en la calidad de los servicios.

“Es imperativo que el gobierno revalúe su postura y atienda las recomendaciones de los expertos. La salud de los colombianos no puede estar sujeta a decisiones que no consideran las realidades económicas y sociales del sector. Hacemos un llamado a la acción inmediata para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a una salud digna y de calidad”, concluyó.

El pronunciamiento se suma a una serie de manifestaciones realizadas en diferentes regiones del país, donde actores del sector salud y la sociedad civil exigen una revisión integral de las políticas relacionadas con el sistema de salud. La respuesta del Gobierno Nacional será crucial para evitar una crisis mayor en este sector vital para el bienestar de la población.