Uno de los proyectos más destacados es la modificación de las especificaciones del empréstito aprobado en el 'Plan de Desarrollo Departamental'. Este ajuste es esencial para que los recursos se materialicen en obras visibles y funcionales en los territorios, beneficiando a millas de ciudadanos. "Nuestro objetivo es garantizar que las comunidades vean el impacto real de esta financiación, traduciéndose en infraestructura que transforme vidas", afirmó Giovanny Molina.

Otro proyecto trascendental es la discusión de un plan ambiental con una visión a 25 años. Este plan será una hoja de ruta para mitigar los efectos de actividades humanas en los recursos naturales, con especial énfasis en la protección de los recursos hídricos, la flora y la fauna del departamento. "Estamos pensando en las próximas cinco administraciones departamentales. Este plan busca proteger nuestra biodiversidad mientras equilibramos el desarrollo económico", agregó el presidente de la Asamblea.

Asimismo, se abordará la creación de la estampilla para la justicia familiar, una herramienta para fortalecer las 50 comisarías de familia del Tolima. Este proyecto pretende mejorar su infraestructura, dotarlas de personal capacitado y equipos tecnológicos que garanticen una atención más eficiente y humana a las familias en situaciones de vulnerabilidad.

En el ámbito de la salud, se debatirá la cesión de un bien inmueble de la Gobernación al municipio de Ambalema, con el objetivo de mejorar los servicios hospitalarios y la infraestructura de salud en esta localidad.

Finalmente, la Asamblea también enfocará su atención en temas de seguridad. En ese marco, se propone escuchar al nuevo comandante de la Sexta Brigada del Ejército, coronel Patiño, sobre las estrategias de seguridad para el departamento. "Sin seguridad no hay desarrollo. Tenemos que garantizar que el Tolima no enfrente los desafíos de otras regiones como el Catatumbo. La seguridad es la base de nuestro progreso y de nuestra economía", destacó el presidente de la Corporación.

En paralelo, se abrirá el debate sobre las implicaciones de las nuevas zonas de producción alimentaria en 58 mil hectáreas, iniciativa nacional que ha generado preocupación entre alcaldes, gremios económicos y empresarios de ocho municipios tolimenses. "Estoy de acuerdo con la seguridad alimentaria, pero también con la seguridad jurídica. No podemos cambiar las reglas de juego sin escuchar a todos los actores afectados", afirmó.