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Procuraduría realiza seguimiento a presuntos casos de explotación sexual en el Tolima

El Ministerio Público pidió a las entidades encargadas un informe de las medidas adoptadas en favor de los menores de edad que estarían involucrados.
Imagen
cahjh
Crédito
Tomada de Internet
18 Feb 2025 - 8:46 COT por Ecos del Combeima

La Procuraduría General de la Nación anunció que adelanta seguimiento a presuntos casos de explotación sexual de menores de edad en el Tolima y Norte de Santander. El Ministerio Público pidió adelantar el restablecimiento de derechos de las víctimas. 

Según el ente de control, teniendo en cuenta que los hechos habían ocurrido en el municipio de Cajamarca y Cúcuta, pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dar a conocer las actuaciones de verificación de derechos, fecha de apertura del proceso administrativo, estado actual del mismo y las medidas de protección adoptadas en favor de los menores de edad que estarían involucrados.

La Procuraduría recordó que los hechos por los que se adelantan los seguimientos dan cuenta que cuatro menores de edad habrían sido víctimas de abuso sexual, dos de ellos presuntamente por parte de su padre, quien los accedía para luego producir y comercializar contenidos pornográficos que distribuía a pedófilos a nivel nacional e internacional. 

Asimismo, la entidad se refirió a la búsqueda de una menor en Cúcuta, investigación que permitió ubicar un lugar que era utilizado como estudio webcam donde presuntamente se producía pornografía infantil, logrando rescatar cuatro adolescentes que estarían siendo víctimas de explotación sexual.

Debido a esto, la Procuraduría le pidió a la Secretaría de Salud reportar las acciones emprendidas con respecto a la activación de rutas de atención intersectorial para el abordaje integral de estos casos en los sectores de salud, protección y justicia, conforme al protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. 

Adicionalmente, la Entidad solicitó a la Personería de Cajamarca hacer seguimiento al caso ocurrido, y evaluar la priorización de intervención en los procesos administrativos de restablecimiento de derechos, verificando que se hayan adoptado acciones para garantizar el acceso a la justicia, a la no revictimización y a una vida libre de violencias para los menores de edad y sus familias.