Los funcionarios del ICBF se vieron sorprendidos por la reducción del presupuesto destinado al talento humano, lo que afectó significativamente a muchas personas vinculadas al programa "Hogar Infantil". Este recorte salarial impactó no solo a los trabajadores, sino también a los padres de familia, quienes dependen de este programa para el cuidado de sus hijos mientras cumplen con sus jornadas laborales.

Aunque ya se habían firmado contratos y capacitado al personal para el inicio del nuevo ciclo, los dirigentes de la entidad convocaron un comité en el que se anunció la disminución del presupuesto. Como consecuencia, maestros y cuidadores, que anteriormente contaban con un sueldo aceptable, ahora enfrentan una reducción drástica en sus ingresos, llegando incluso a percibir menos del salario mínimo.

Según testimonios de los afectados, a pesar de los acuerdos ya pactados a nivel nacional, algunos directores regionales se estarían negando a cumplir las órdenes establecidas por la dirección general del ICBF. Esta situación podría considerarse un posible caso de prevaricato, ya que estarían actuando en contravención de las disposiciones nacionales, que incluyen un manual específico para la contratación de personal.

 El recorte presupuestal también podría afectar la calidad del servicio prestado en los hogares infantiles, poniendo en riesgo el bienestar de los niños beneficiarios. Padres y trabajadores han expresado su preocupación ante la posibilidad de una disminución en la cobertura debido a que esto afecta a mas de 1.000 niños y la atención brindada a los mismos.

Las organizaciones sindicales y algunos sectores de la sociedad han manifestado su rechazo a esta decisión y han solicitado explicaciones a las autoridades responsables. Se espera que el ICBF brinde una respuesta clara sobre las medidas que se adoptarán para mitigar el impacto del recorte y garantizar el correcto funcionamiento del programa.

Por el momento, los afectados esperan que se revisen y rectifiquen las decisiones tomadas a nivel regional para asegurar el cumplimiento de los acuerdos nacionales y garantizar condiciones laborales justas para quienes trabajan en el cuidado de la infancia.