Entre los años 2015 y 2024, la Universidad del Tolima ha recibido cerca de 130 mil millones de pesos producto de transferencias de la Gobernación del Tolima, los cuales se han destinado a la ejecución de diferentes proyectos y políticas, entre ellas, la de gratuidad educativa. 

De acuerdo a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la Institución, los recursos provenientes del Gobierno Departamental corresponden a dos fuentes de financiamiento: convenios por gratuidad y transferencias establecidas por la ordenanza 008 de 2018 de la Asamblea Departamental del Tolima. 

En este sentido, entre el 2017 y el 2024 la UT recibió por convenios de gratuidad 50 mil 173 millones de pesos; mientras que el giro de dineros desde el 2015, en un mayor porcentaje en cumplimiento a lo establecido por la Asamblea, ascendió a los 77 mil 976 millones, lo que en total equivale a más de 128 mil 149 millones de pesos. 

De otra parte, los recursos provenientes del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación, entre el 2017 y el 2024, corresponden a 113 mil 191 millones de pesos. 

“Hay que precisar que desde el año 2017 el Gobierno Departamental, de su presupuesto viene transfiriendo recursos para apalancar el proyecto de gratuidad. Pero no son solo esos recursos, a través de la ordenanza se transfieren a la UT, por su carácter público y departamental, unos dineros importantes. Por ejemplo, en el 2024 fueron 11 mil 371 millones, eso ha incrementado con los años”, explicó Mario Ricardo López, vicerrector Administrativo y Financiero. 

Exención de derechos de grado e inscripciones

El docente también precisó que la Universidad se encuentra a la expectativa de la expedición de la reglamentación y la asignación presupuestal por parte del Gobierno Nacional para dar cumplimiento a la Ley 172 de 2023 que establece el pago de derechos de grado para los estudiantes pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV, y otros grupos poblacionales. Así mismo, por la Ley 250 de 2023, que fija la exención en el pago de los derechos de inscripción para instituciones públicas de educación superior. 

Tras la aprobación en el Congreso de la República, la Nación debe reglamentar estas leyes en un plazo no superior a los seis meses de su expedición, trámite que aún no se cumple.