La posible adjudicación de tierras a comunidades indígenas desplazadas en el municipio de Rovira, Tolima, encendió las alarmas entre autoridades locales y departamentales, quienes expresaron su preocupación por la falta de articulación por parte del Gobierno Nacional en estos procesos. La situación motivó la convocatoria de una sesión extraordinaria del Comité Departamental de Justicia Transicional, en la que se revisó el alcance de la Sentencia 0171 de 2025, que ampara estas reubicaciones.

Según se conoció, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) estaría en proceso de asignar terrenos a víctimas del conflicto armado sin previo aviso ni concertación con las autoridades municipales y departamentales. Esto generó un enérgico llamado por parte del Secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez Guzmán, quien denunció la desconexión del gobierno central con el territorio:

“No están dadas las garantías de seguridad ni para una reubicación digna. Ya lo habíamos vivido en los municipios de Honda y Suárez. El Gobierno Nacional sigue mostrando total desinterés por los derechos humanos de estas personas”.

El alcalde de Rovira, Víctor Alfonso Gualtero, también expresó su inconformidad ante la falta de información oficial sobre el proceso.

“No se nos ha notificado directamente cuál es el predio ni en qué vereda. No podemos rechazar ni estigmatizar a las víctimas, pero exigimos claridad. La preocupación surge porque estos procesos están ocurriendo en zonas rurales donde hay presencia de grupos armados ilegales que ejercen control territorial, extorsión y amenazas”, afirmó.

Por su parte, Ana María Enciso, delegada de la Defensoría del Pueblo en el Comité, aclaró que el acompañamiento de la entidad es legal y obligatorio, y se enmarca en la Ley de Víctimas y sus protocolos de atención humanitaria.

“Frente al recrudecimiento del conflicto armado y los desplazamientos masivos, la Defensoría garantiza respaldo total a los procesos de reubicación, sean provisionales o permanentes, siempre en defensa de los derechos de las víctimas”.

Aunque se reconoce que el proceso está respaldado por una sentencia judicial, las autoridades locales reiteraron que las condiciones mínimas de seguridad, dignidad y viabilidad para estas familias no están garantizadas en los predios que se contemplan para la reubicación. Ante ello, insisten en que la ANT debe comunicar de manera urgente las decisiones y coordinar acciones con los gobiernos territoriales.

La preocupación central radica en que las víctimas podrían ser trasladadas a zonas en riesgo o con limitada infraestructura básica, lo que atentaría contra los principios humanitarios que deben regir este tipo de procesos.

Desde el Comité, se solicitó con firmeza la presencia inmediata del Director Nacional de Tierras y de las entidades responsables, para que este proceso avance con la debida concertación y sin poner en riesgo la vida ni la dignidad de las personas desplazadas.