Empresarios piden acciones del Gobierno para frenar invasión de tierras
Los representantes del sector empresarial y productivo del país, ven con preocupación la creciente invasión de tierras que distintas comunidades vienen realizando de forma ilegal, transgrediendo el derecho a la propiedad privada de las personas que ostentan la titularidad legítima del inmueble.
Estos hechos de violencia. atentan contra la vida, el empleo, la iniciativa empresarial, la propiedad privada, el bienestar de la población y el progreso del país, señalan.
Desde el Consejo Gremial Nacional hicieron un llamado al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional para que las medidas de carácter reglamentario sean expedidas conforme al orden constitucional y legal, y estén encaminadas a proteger y salvaguardar el bienestar de toda la población.
Al respecto los proyectos de decreto que se publicaron para comentarios generan inseguridad jurídica, y pueden ocasionar mayor polarización en detrimento de la paz y estabilidad social en los territorios.
El proyecto de decreto que elimina las garantías judiciales a la extinción de dominio y reglamenta el artículo 61 del PND, convierte el proceso en "administrativo" y a discreción de la Agencia Nacional de Tierras, sin intervención de la rama judicial.
Paralelamente, el proyecto de decreto cuyo propósito es la promoción de la movilización campesina "por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades", contribuye a generar inestabilidad política en las regiones, y carece de elementos que permitan al Gobierno Nacional, prevenir la instrumentalización de dichas movilizaciones para afectar el orden público.
Invitamos al Gobierno Nacional a que promueva acciones que generen consensos y eviten la expedición de decisiones que profundicen la polarización y puedan generar inseguridad jurídica. Reiteramos nuestro compromiso en las acciones tendientes a reivindicar los derechos de todos los colombianos en donde se garantice una vida digna, la reducción de brechas sociales y económicas, y se garantice la igualdad en el acceso de oportunidades, bienes y servicios para todos los ciudadanos.