La entidad constató un hacinamiento crítico del 310 %, graves fallas en la infraestructura, deficiencias en atención médica y retrasos en la entrega de alimentos a las personas privadas de la libertad (PPL), lo que encendió las alarmas frente a una crisis humanitaria en este centro de reclusión transitorio.

Ante los hallazgos, el Ministerio Público solicitó de manera formal a la Alcaldía de Ibagué, sus entidades descentralizadas, la Gobernación del Tolima, la USPEC y otras autoridades competentes, que gestionen de inmediato la reactivación de traslados al complejo penitenciario de Picaleña, con el fin de aliviar el hacinamiento.

Además, la Procuraduría exigió:

• Asignar personal médico permanente en la URI.
• Garantizar traslados oportunos a centros de salud y agilizar la entrega de medicamentos.
• Reparar las instalaciones deterioradas, como celdas, baños y la sala de audiencias.
• Habilitar espacios de visita familiar, al menos de forma virtual.

La Provincial de Instrucción de Ibagué fue enfática al advertir que el incumplimiento de estos requerimientos y de sentencias judiciales vigentes constituiría una falta disciplinaria, por lo que instó a todas las entidades involucradas a actuar sin dilaciones para proteger la vida, la salud, la dignidad y la integridad de los detenidos.

La URI de Ibagué, que debería funcionar como un espacio transitorio, hoy se encuentra desbordada y en condiciones que podrían ser calificadas como inhumanas. La Procuraduría deja el balón en la cancha de las autoridades locales y nacionales, que ahora tienen la responsabilidad de responder con acciones, no con excusas.