Una vez finalizado el debate de control político en torno a la Unidad de Salud de Ibagué (USI), el concejal Rubén Darío Correa mantuvo la postura que advierte sobre un inminente escenario de quiebra a raíz de los manejos presuntamente irregulares de los gerentes salientes Didier Blanco y Carlos Cuéllar.

De acuerdo con el cabildante de oposición, existe un supuesto "incremento politiquero en la planta de personal" que habría pasado de 261 empleados en el año 2019, a 671 que estarían vinculados en el gobierno de Andrés Fabián Hurtado.

Los números

Correa también afirma que la USI padece un "déficit operacional de $7.000 millones y 74.000 usuarios menos", además de $21.000 mil millones en cartera por cuentas sin cobrar y "tercerización y sobrecostos en contratación" que ahora tendrá que resolver Diana Ovalle como nueva gerente.

Así las cosas, el concejal propone que, una vez finalice la Ley de Garantías, se acabe con "los contratos millonarios de más de 20 'corbatas' que dejó el exgerente Blanco y que están desfinanciando la entidad", y que también se ponga en marcha un plan de austeridad.

Otras peticiones

"Solicitamos a la gerente una reducción de gastos y el Plan de Acción concertado con los sindicatos, a más tardar en los próximos 15 días, así como los informes del revisor fiscal de la entidad y las actas de las juntas directivas", sostuvo Correa.

Por último, manifestó que junto a otros concejales, sindicatos, empleados de la USI y veedurías, se le hará seguimiento a los compromisos asumidos ante el Concejo Municipal de Ibagué durante el debate de control político, y a la Fiscalía y Procuraduría les pedirán comenzar las investigaciones correspondientes.