En un anuncio que marca un nuevo capítulo en la política laboral del país, el gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 9.54% en el salario mínimo, llevando el ingreso básico a $1.423.500, y con el auxilio de transporte, a $1.623.500. La decisión ha sido tomada con entusiasmo por millones de trabajadores, mientras que el sector empresarial ha manifestado sus reservas.

Este incremento, que supera con creces la inflación actual, calculada en 5,1%, busca aumentar el poder adquisitivo de los colombianos. Según el gobierno, los trabajadores ganarán un 4,5% adicional en términos reales. "Esto no es solo un alivio, es un paso hacia una economía más justa", señaló Gustavo Bolívar, director del DPS.

El aumento representa un impulso para la economía familiar. Los trabajadores ahora podrán cubrir más de sus necesidades básicas e incluso aspirar a mejorar su calidad de vida. “Se trata de justicia social”, mencionó el exsenador, quien agregó que el incremento es un reconocimiento a la importancia de los trabajadores en el desarrollo del país.

Sin embargo, los empresarios advierten que el alza podría generar mayores costos de operación, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Argumentan que esta medida podría incrementar la informalidad laboral, reducir la contratación y disparar los precios de los productos y servicios.

No obstante, Bolívar Moreno, desestima estas preocupaciones. “Es el mismo discurso que escuchamos en 2022 y 2023, cuando los aumentos salariales fueron del 16 % y 12 %, respectivamente, y, sin embargo, el desempleo no se disparó y la inflación logró moderarse. Hoy tenemos cifras que respaldan esta tendencia”, afirmó.

Para el funcionario del Gobierno Nacional, el aumento del salario mínimo puede traducirse en un mayor consumo, lo que beneficiará directamente a los sectores empresariales. "Cuando la gente tiene más dinero, lo gasta, y esto impulsa las ventas de bienes y servicios. Los empresarios también son beneficiarios de este aumento", explicó.

A pesar de los beneficios señalados, también se han mencionado las implicaciones fiscales, como el aumento de ciertos costos indexados al salario mínimo, incluyendo los salarios de congresistas. "Es un arma de doble filo, pero el balance general es positivo", concluyó el escritor.