La estructura criminal que cobraba entre 10 y 15 millones de pesos por persona estaría tramitando irregularmente centenares de solicitudes que fueron suspendidas gracias a la investigación interinstitucional oportuna entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional.

Bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, miembros de la Dijín de la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Militares, lograron la captura de 13 personas que habrían defraudado al Ejército Nacional mediante la falsificación de conceptos y fichas técnicas, para obtener pensiones e indemnizaciones con incapacidades físicas o mentales.

Entre los capturados figuran 11 militares retirados, un sargento activo del Ejército y una civil. Las aprehensiones se realizaron este miércoles 7 de noviembre en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima, Quindío, Caldas y Putumayo.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Medellín, en el año 2013 un mayor retirado del Ejército habría constituido una empresa denominada “V. C. T asesorías jurídicas militares" para adelantar trámites de pensión e indemnización a miembros de las fuerzas armadas.

Se estableció que la mencionada empresa falsificaba conceptos de médicos especialistas para presentarlos a las juntas médicas laborales castrenses y obtener millonarias sumas de dinero para los demandantes, quienes salían pensionados en la mayoría de los casos por supuestos casos de invalidez.

Las irregularidades fueron dadas a conocer luego de una auditoría interna realizada por el Comando General del Ejército, en la que se determinó que la mencionada estructura criminal tramitaba 500 solicitudes para pensión con documentos y certificados médicos espurios, y cuya defraudación podría ascender a los 2 mil millones de pesos.

La investigación interinstitucional permitió conocer además que en algunos casos los presuntos delincuentes suplantaban la identidad de los solicitantes y llevaban a evaluación de las juntas médicas a personas con similares características morfológicas de las personas que tramitaban el retiro forzoso.

Todas las capturas y allanamientos fueron legalizados por un juez de control de garantías de Medellín, y en este momento se adelantan las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento intramuros contra los 13 procesados.

Entre los años 2015 y 2016 la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento contra otras 34 personas, supuestamente dedicadas a la misma actividad delictiva.