Se reunió por primera sesión de la Mesa Técnica de Coordinación para la Lucha Contra la Corrupción, creada mediante directiva presidencial por el presidente Gustavo Petro.

El encuentro fue liderado por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Laura Sarabia, y el secretario de Transparencia, Andrés Idarraga, quienes reafirmaron el compromiso del Gobierno con combatir la corrupción y promover una mayor transparencia en los procesos de contratación de las entidades con régimen especial.

Durante la sesión, se revisó y discutió el reglamento interno de la mesa, que se espera sea aprobado en la próxima reunión por todos los miembros. Asimismo, se abordaron las temáticas prioritarias que la mesa deberá tratar, con el objetivo de construir un plan de trabajo que articule acciones gubernamentales para luchar contra la impunidad en los actos de corrupción.

Este plan también incluirá propuestas para prevenir, detectar y promover la investigación y sanción de dichas conductas.

Sarabia subrayó que "el compromiso del presidente está en combatir la corrupción", y enfatizó la necesidad de garantizar mayor transparencia y acceso a la información en los procesos de contratación de las entidades con régimen especial.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó un informe sobre los avances en el cumplimiento de la Directiva Presidencial 04 de 2024, destacando su acompañamiento a las entidades públicas en su defensa como víctimas de hechos de corrupción.

Por su parte, Idarraga resaltó la importancia de la colaboración de todas las entidades nacionales en la lucha contra la corrupción. Como parte de este esfuerzo, se solicitará a más de 236 entidades del orden nacional, bajo la dependencia del presidente Gustavo Petro, que en un plazo máximo de 10 días informen sobre cualquier alerta o hallazgo relacionado con corrupción en los últimos seis años.

Esta medida busca recabar información clave sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos del orden nacional.

Adicionalmente, se solicitará al Departamento Administrativo de la Función Pública un diagnóstico sobre el cumplimiento de la obligación de realizar la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses por parte de todas las entidades.

Se emitirán directrices claras para asegurar que todos los funcionarios cumplan con estos requisitos, reforzando así los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.