“El Código de Minas condenó la minería tradicional a la ilegalidad y al condenarla a la ilegalidad se la entregó a capitales ilícitos, a grupos armados, a zonas de violencia y destrucción con una gran vulneración de esas comunidades en los territorios”, manifestó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, en la apertura de la Primera Cumbre Nacional Minera, que busca avanzar en la construcción de los lineamientos para la nueva Política Minera del país.

Fue enfática en señalar que los efectos causados por la minería ilegal tienen a muchas regiones de Colombia en crisis. En especial, se refirió a la situación que vive la región de La Mojana en donde sus habitantes tienen que ir cotidianamente a hacerse una diálisis para poder sobrevivir por los efectos del mercurio.

“Tenemos que hablar de la injusticia de un Código Minero que decidió entregar al capital internacional, por encima de los territorios, del ambiente, de la salud y de las comunidades, los recursos para la extracción de minerales, principalmente para su exportación, dejando atrás no solamente territorios devastados sino una falta de reconocimiento a aquellos mineros ancestrales y tradicionales que por décadas trabajaron en un contexto social integral”, afirmó.

Así mismo, Muhamad se refirió a la necesidad de definir claramente dónde se puede hacer minería y dónde no, bajo un pacto social con las regiones sobre las condiciones de esa explotación en un contexto más amplio y entender que se quiere hacer en la transición energética justa.

“Es momento de revertir esta situación, y es momento también de que la justicia haga frente a esos títulos entregados legalmente en zonas donde no se debieron entregar, pasando por encima del agua de las comunidades y pasando por encima de la capacidad de resiliencia, despojando y desplazando a las mismas poblaciones. Y en este gran desorden es hora de iniciar un ordenamiento”, aseguró.

La jefe de la cartera ambiental también mencionó que gracias al Consejo de Estado, de algunos congresistas y de una sociedad civil valiente, tenemos hoy una sentencia que nos obliga a ordenar territorialmente el ambiente y la minería.

“Estamos en el país de la biodiversidad, como dice el presidente Gustavo Petro, de la belleza y del agua. Hay zonas que necesitamos reservar para cumplir con esas funciones que son de orden público”, puntualizó.

En este sentido, la Ministra reiteró que no puede hacerse minería en páramo porque ahí está el agua que es para todos y todas. “La lucha ambiental polarizó esta discusión. Hoy tenemos que entrar en este proceso de ordenamiento como se propone aquí desde el Gobierno Nacional, en un proceso de diálogo, de distinguir las situaciones y las realidades territorio por territorio”, agregó.

Insistió en que la minería debe ponerse en un contexto estratégico del desarrollo social, económico y ambiental del país, para ello van a construir consensos, pero no bajo la licencia ambiental, pues esta no puede reemplazar una planificación y un acuerdo social de fondo territorial y regional.