Con el regreso de la discusión de la reforma agraria en el congreso, a raíz de la Audiencia Pública realizada la semana pasada se eleva la cuestión sobre los puntos polémicos del proyecto que movilizan la conversación en medios de comunicación y en redes sociales, de políticos, analistas, empresarios y la sociedad civil en general. LLYC, consultora global de asuntos corporativos y marketing, analiza proyecto de ley que busca reglamentar la jurisdicción agraria y rural en Colombia, enfocándose en las reacciones del sector privado.

¿Qué es lo que busca la jurisdicción agraria?

La iniciativa radicada el 27 de agosto de 2024 por los ministros de Agricultura, Justicia y del Interior tiene como objetivo establecer un marco jurídico accesible y eficiente para resolver conflictos agrarios en el país, abordando temas clave como la posesión de tierras, servidumbres y disputas productivas.

Uno de los logros de la anterior legislatura por parte del gobierno de Gustavo Petro fue la aprobación de la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Agraria y Rural. En esta ocasión, el gobierno intentará por segunda vez aprobar el proyecto de ley ordinaria  en el Congreso de la República para definir la competencia y funcionamiento de la Jurisdicción Agraria y Rural. 

Voces en contra: la expropiación exprés

Las reacciones iniciaron desde la oposición, donde Paloma Valencia criticó el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria, argumentando que este busca afectar la propiedad privada en Colombia. Por su parte, la representante Katherine Miranda, criticó el proyecto de ley, destacando que, de ser sancionado, podría permitir la expropiación exprés. Asimismo, el presidente del senado, Efraín Cepeda, se refirió al proyecto destacando la importancia de proporcionar certeza y seguridad jurídica al sector agrícola, en lugar de aumentar la incertidumbre y el sesgo ideológico.

Voces a favor: el gobierno responde

Días después de que se radicará el proyecto de ley, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago salió en defensa de las críticas y en una entrevista aseguró que el proyecto no introduce la figura de 'expropiación exprés'. Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió su proyecto al afirmar que la extrema derecha en Colombia deseaba mantener la injusta posesión de la tierra, que ha alimentado la violencia y el narcotráfico. Por otro lado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respaldó firmemente el proyecto de ley de jurisdicción agraria, enfatizando su importancia para resolver conflictos en el campo y cumplir los Acuerdos de Paz.

¿Cuáles son los desafíos para el sector privado?

Sesgo a las comunidades protegidas: El proyecto de ley establece que las afirmaciones hechas por sujetos de especial protección constitucional se presumirán verdaderas, lo que puede generar un sesgo a favor de las comunidades rurales y en contra de los grandes propietarios y empresas.

Función social y ecológica de la propiedad: El proyecto de ley refuerza el concepto de que la propiedad agraria debe cumplir una “función social y ecológica”. Aquí, el riesgo radica en que las tierras que la ANT no considere productivas pueden ser consideradas como susceptibles de intervención o negociación. 

Restricciones en el uso y fraccionamiento de tierras: La prohibición de la concentración improductiva de tierras y el fraccionamiento antieconómico plantea un riesgo para las empresas que buscan adquirir o dividir tierras de acuerdo con sus necesidades estratégicas.

¿Cuáles son las oportunidades para el sector privado?

Regularización de la propiedad: El enfoque del proyecto de ley en la regularización de la propiedad y la tenencia de tierras ofrece una oportunidad importante para las empresas que operan en áreas rurales. La formalización de tierras no registradas correctamente o con problemas de titularidad facilitará el acceso a financiamiento y aumentará la seguridad jurídica de las inversiones.

Protección de la producción agrícola y fomento de la asociatividad: El proyecto de ley promueve la protección de la producción agrícola, pecuaria y forestal, al tiempo que fomenta la asociatividad en el sector rural. Para las empresas, esta es una oportunidad para colaborar con pequeños productores o comunidades rurales a través de asociaciones o cooperativas.

Incentivos para la sostenibilidad ambiental: El enfoque del proyecto en la sostenibilidad y el uso racional de los recursos naturales representa una oportunidad para las empresas que lideren proyectos responsables. Las iniciativas que promuevan la conservación de tierras, el uso adecuado de los recursos naturales y la producción agrícola sostenible podrían recibir apoyo adicional o incentivos del Estado.

¿Qué sigue?

La aprobación o no aprobación del proyecto de ley, podría marcar la hoja de ruta de futuros proyectos como la reforma laboral, la reforma a la salud y la reforma a servicios públicos. Esta continuará  su discusión ante la Comisión Quinta del Senado, donde tendrá su primer debate y dará indicios de la cantidad de apoyos que tiene el gobierno en Senado y Cámara.

“A casi dos años de finalizar el período electoral de Petro, el presidente enfrenta el desafío de construir consensos que le permitan impulsar los grandes proyectos sociales de su plan de gobierno. El diálogo constante con el sector privado y las bancadas de los sectores políticos  será crucial para avanzar en las reformas estructurales del país, dando confianza y transparencia a todos los sectores”. Explica Luz Ángela Sánchez,  directora Senior de Asuntos Públicos de LLYC Colombia.