En la carta el ex presidente de la República manifiesta :  

Respetado señor Procurador

Quiero agradecer a usted la carta del 11 de Marzo y remitirle algunos comentarios sobre el proceso que se adelanta en La Habana entre el Gobierno Nacional y un grupo narco terrorista. Estos iniciales comentarios serán periódicamente complementados por un grupo de estudio del Centro Democrático del cual hacen parte, entre otros, el director del partido doctor Óscar Iván Zuluaga, el coordinador de asuntos internacionales doctor Carlos Holmes Trujillo, el senador Alfredo Rangel y el ex comisionado de paz doctor Luis Carlos Restrepo.

Desde el inicio de este Gobierno hemos presentado nuestras preocupaciones por el deterioro de la seguridad, que tiene entre sus causas el abandono del compromiso presidencial, la desmotivación de las Fuerzas Armadas y la desconfianza de la ciudadanía. Tanto en las normas jurídicas aprobadas como en el discurso político oficial se ha igualado a las Fuerzas Armadas con el terrorismo, ubicándolos a ambos en la categoría de actores del conflicto. De ahí se deriva el error de considerar tan válido que el terrorista secuestre o asesine al soldado o policía como que estos, representantes del Estado, produzcan la captura o baja legítima del terrorista. Hemos expresado que las soluciones judiciales a soldados y policías no deben depender de acuerdos de La Habana. Hemos propuesto tribunales de revisión de sentencias y estamos en el estudio de una instancia adicional con el beneficio de libertad condicional. Nuestras Fuerzas Armadas han sido elementos profesionales de la democracia, que no pueden ser igualadas a ejércitos que sirvieron a dictaduras para enfrentar insurgencias libertarias. Mientras el designio del terrorismo es el delito, así lo denominen el “derecho a la insurrección”, la tarea de las Fuerzas Armadas es la seguridad, en cuyo cumplimiento han demostrado determinación para sancionar al integrante que viole la ley. 

La delincuencia está hoy más poderosa que hace cinco años, ha recuperado vocería política y capacidad para la acción criminal. También ha sofisticado sus prácticas; hay menos carros bombas y están ausentes los secuestros espectaculares, pero hay más extorsión con el explosivo selectivo. 

Las redes comunitarias de apoyo a la seguridad han sido liquidadas y crece el número de ciudadanos, que por no encontrar apoyo en el Estado, se abstienen de denunciar al delincuente, prefieren pagar la “vacuna” y acatar la orden terrorista, por ejemplo, de sembrar coca y no palma africana. No obstante la alianza entre guerrillas y bandas criminales, estas últimas se presentan como paramilitares o autodefensas en algunas zonas del país.

Aceptamos que la base humana de los grupos terroristas, una vez reinsertada, no vaya a la cárcel y se le reconozca el derecho de elegibilidad política. Reiteramos que los cabecillas, responsables de atrocidades, deben ir a la cárcel, así las sentencias sean reducidas, y no deben gozar de elegibilidad política. Esto no solamente por los compromisos internacionales de Colombia sino por los ejemplos elocuentes de la historia que demuestran que la impunidad, o falta de cárcel, es un mal referente que genera nuevas violencias. Y algo más: el grupo Farc ha despreciado múltiples oportunidades generosas de diferentes Gobiernos, aprovechadas para rearmarse, incluso el Presidente Betancur les perdonó, integrantes como Iván Márquez y Braulio Herrera estuvieron en el Congreso y regresaron al terrorismo.

La generación de nuevas violencias por falta de cárcel a los cabecillas niega a las víctimas la principal reparación que es el derecho a la no repetición de la acción criminal.

A propósito de las víctimas reclamamos que se exija a los criminales la entrega del dinero mal habido para repararlas. Farc es considerada entre los tres grupos terroristas más ricos del mundo.

La simple dejación o declaración de no uso de las armas es insuficiente; se requiere que sean entregadas y destruidas, no sería libre la expresión ciudadana de acudir a cualquier instrumento de ratificación con un terrorismo armado.

Pensamos que la participación violenta del terrorismo en la incitación de invasiones de tierras en el Cauca, el crecimiento de los cultivos de droga en el Catatumbo, el control territorial de áreas, la amenaza al Centro Democrático, como ocurrió con la candidatura del doctor Oscar Iván Zuluaga, el asesinato y la extorsión, acreditan que el cese unilateral anunciado por el terrorismo es una burla o la demostración de que una cosa es La Habana y otra la independencia de quienes delinquen en Colombia. 

Nos preocupa la limitación a la democracia y a la iniciativa económica privada que se desprende de los textos de La Habana, de las acciones del terrorismo que el Gobierno acepta, y de las políticas económicas que empiezan a mostrar sus perversos resultados. El empresarismo agropecuario es atemorizado, varias industrias buscan instalarse en el exterior, no hay política de emprendimiento, al campesino abandonado se le ofrecen las zonas de reserva que han demostrado ser feudos del terrorismo. En síntesis la economía vuelve a comportamientos mediocres con sus efectos nocivos en las políticas sociales. Y si esto sucede en el Gobierno que prometió lo contrario, ¿qué esperar en uno de transición que anuncian para llegar a otro con determinante participación e influencia del terrorismo?

Nos desorienta que el Gobierno en la campaña dijo que era mentira que fuera a legalizar el narcotráfico y ahora proponen que este crimen, financiador del terrorismo, como también el secuestro, el reclutamiento de menores y otros, sean convertidos en delitos políticos para garantizar la impunidad de los perpetradores. 

Nos desorienta que en la campaña el Gobierno dijo que era mentira que estuviera negociando un cese bilateral y ahora formaliza la parálisis de la aviación, que venía cumpliendo, cuando esta es la herramienta más eficaz contra el terrorismo.

Nos desorienta que en la campaña el Gobierno dijo que era mentira que fuera a aceptar impunidad, y ahora, no solamente quiere concretarla con la definición como delitos políticos de crímenes atroces, sino que acude al Gobierno de España, que encarceló al grupo terrorista ETA, para que gestione en la Corte Penal una dispensa al Gobierno de Colombia para no encarcelar al narcoterrorismo. 

Nos desorienta que el Gobierno un día niega gestiones en los Estados Unidos para liberar de la cárcel a un narco terrorista que utilizó información financiera privilegiada para secuestrar ciudadanos del Cesar, y posteriormente, para preparar la noticia, lo confiesa con la sutileza propia del engaño sin dolor.

Nos desorienta que el Gobierno acoja la vieja tesis del dramaturgo según la cual todos los ciudadanos “deben ser convertidos en malos para que a los verdaderamente malos se les pueda perdonar”. 

Debemos advertir que aquellas leyes, utilizadas en otros países para perdonar a todos, incluidos los no culpables, con el único interés de dar impunidad a los criminales, han demostrado su ineficacia doméstica e internacional. En un país terminaron los militares en la cárcel y los guerrilleros en el poder, en otro ha faltado un voto para derogar la norma, en uno más revocan la sentencia que absolvió la masacre y que sirvió para sellar acuerdos políticos. 

Debemos recordar que nuestra democracia ha tenido la virtud de mejorarse y ampliarse sin necesidad de pactar con el terrorismo. Ha sido el accionar terrorista la principal causa de freno a los procesos económicos y sociales de construcción de prosperidad y equidad. 

Debemos manifestar nuestra angustia por el retroceso del País, que el Gobierno ha sabido desviar con la concentración de la atención en la ficción de que todo se resolverá con el “posconflicto”. 

Nos entristece tener que pensar que ha sido más consecuente el terrorismo en su visión desastrosa para el país que el Gobierno en su obligación de defender la democracia y la iniciativa económica privada.

Señor Procurador: comprendemos que el terrorismo está más fuerte hoy que hace cuatro años cuando se encontraba en proceso de desarticulación, entendemos que es más difícil hoy exigir aquello que debió exigirse al inicio de la negociación. Sugerimos que es mejor prolongar el período de conversaciones, tanto como sea necesario, para evitar firmar acuerdos dañinos a nuestra democracia. Pero la paciencia en el diálogo debe complementarse con la urgente garantía de la cesación de la violencia, es por esto que insistimos que el cese unilateral de actividades criminales del terrorismo, que sea verificable, para lo cual requiere concentración en un sitio. No nos opondríamos a que la supervisión en esa ubicación geográfica estuviera a cargo de órganos internacionales. Mientras estén allí concentrados y vigilados podrían mantener las armas cuya entrega definitiva sería al momento de firmar los acuerdos. Podría considerarse que el tiempo de ubicación en un sitio se cuantifique para descontarlo del periodo carcelario.

La Comisión de Estudio del Centro Democrático, anunciada en el primer párrafo de esta carta, además de otros compañeros y mi persona, seguirá exponiendo nuestras preocupaciones a usted como representante de la comunidad en el Ministerio Público, a la ciudadanía en nuestro diálogo cotidiano, a Kofy Annan, a las Naciones Unidas, a la comunidad internacional. También pondremos estos apuntes en conocimiento del ex Presidente Andrés Pastrana, de los doctores Marta Lucía Ramírez, Álvaro Leiva y Antonio Navarro.