Néstor Humberto Martínez fue elegido este lunes por la Corte Suprema de Justicia con 17 votos como nuevo Fiscal General de la Nación.

Los otros dos candidatos, Yesid Reyes y Mónica Cifuentes, obtuvieron cada uno dos votos; un magistrado votó en blanco.

Martínez es abogado egresado de la Universidad Javeriana, con especialización y maestría de ese mismo centro de educación superior.

Se inició en el sector público siendo miembro de la junta directiva del Banco de la República y de la Superintendencia Financiera, donde mostró su conocimiento sobre economía.

De igual forma, se desempeñó como subgerente legal del Banco Interamericano de Desarrollo, estuvo al frente de la Superintendencia Bancaria y fue superintendente delegado para Instituciones Financieras. También trabajó como vicepresidente Jurídico de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

En la política, se desempeñó como Ministro del Interior (1997 – 1999) y fue Ministro de Justicia en dos ocasiones, la primera durante el gobierno de Samper (1994), y la segunda como Ministro de Justicia interino en el gobierno Pastrana (1999). Desde la cartera de Justicia mantuvo una línea dura en materia penal. Penalizó el lavado de activos, impulsó el Estatuto Anticorrupción, montó el modelo de operaciones sospechosas y trabajó en el primer estatuto sobre extinción de dominio. Como ministro siempre se opuso en el Congreso a las leyes de rebaja de penas.

En 1994 sostuvo una posición radical contra el intento de convertir el enriquecimiento ilícito en delito subsidiario, en lo que se denominó el ‘narcomico’. Así mismo, fue defensor de la justicia sin rostro.

Ha participado en el combate del crimen organizado, desde la perspectiva de la lucha contra la economía ilícita mediante la confiscación de bienes y la extinción del dominio. Impulsó la tipificación del delito de lavado de activos en la Ley 190 de 1995 e impuso la obligación de reporte de operaciones sospechosas en el sistema bancario.

Su último cargo público fue el de ministro de la Presidencia en el segundo gobierno del presidente Santos. Allí lideró las relaciones del Ejecutivo con todo el Estado y los principales actores sociales, lo que le valió el título de Superministro’.

Su paso por el Ministerio de Justicia en dos ocasiones, su cátedra de Derecho y su participación en casos emblemáticos le han significado reconocimiento como un jurista destacado.

Los retos de la Fiscalía

1. Paz y posconflicto

El papel de la Fiscalía en el éxito del proceso de paz será clave. Debe entregarle a la nueva Jurisdicción transicional las investigaciones que permitirán determinar cuáles guerrilleros serán amnistiados por delitos políticos y cuáles tendrán que ser juzgados por el Tribunal Especial para la Paz, que también adelantará procesos contra militares y civiles ‘determinantes’ en la guerra. Así mismo, ese organismo es clave para que la criminalidad en el posconflicto (especialmente el desafío de las bandas y de los grupos que surjan posdesmovilización) tenga una adecuada respuesta del Estado.

2. Desactivar polarización

El fiscal Eduardo Montealegre terminó su periodo con señalamientos de una supuesta persecución política en contra del uribismo. Por eso, los analistas insisten en que el próximo fiscal tiene como prioridad desactivar la polarización que han generado algunas decisiones de la justicia. Esto, sin dejar de lado el avance en los casos en los que hay indicios fuertes de conductas penales. Gloria María Borrero, directora de Excelencia en la Justicia, señala en ese sentido que, a diferencia de la administración Montealegre, el nuevo fiscal debería estar más dispuesto a rendir cuentas de sus actuaciones, lo que sería señal de transparencia.

3. Lucha contra el crimen

Lograr que los ciudadanos encuentren una respuesta rápida y efectiva de la justicia en el día a día, sobre todo en delitos que afectan la seguridad ciudadana, es uno de los principales retos de la Fiscalía. Con cerca de 1,6 millones de procesos represados en investigación y solo 50.000 condenas logradas al año, quien llegue al búnker tendrá que liderar estrategias y reformas para hacer más ágil la justicia.

4. Seguridad Ciudadana

Los delitos de alto impacto como el robo de celulares siguen afectando a los ciudadanos e incrementan la percepción de inseguridad. En las grandes ciudades hay verdaderas organizaciones ilegales que monopolizan esa clase de delitos.

El nuevo fiscal tiene la tarea de estructurar las investigaciones para desmantelar esas redes criminales que afectan la tranquilidad y ponen en riesgo los bienes de los ciudadanos.

5. Gerenciar la Fiscalía

La Fiscalía tiene más de 25.000 funcionarios y un presupuesto que el año pasado superó los 2,5 billones de pesos. Por eso, dicen los analistas, el Fiscal debe tener la capacidad de gerenciar una de las instituciones con mayor poder en el país, alejándose de prácticas como las que le valieron a Montealegre críticas por la entrega de millonarios contratos