La Procuraduría General de la Nación pide acciones concretas para cumplir los compromisos adquiridos con la comunidad indígena Pijao del municipio de Ortega por la exploración y producción de hidrocarburos.

El Ministerio Público busca resolver el conflicto social con la comunidad indígena Pijao, por la exploración y producción de hidrocarburos en el municipio de Ortega.

La Procuraduría General de la Nación instó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, a crear un instrumento conjunto que refleje los requerimientos, compromisos y obligaciones por parte de Hocol S. A., en busca de resolver el conflicto social con la comunidad indígena Pijao, por la exploración y producción de hidrocarburos en el municipio de Ortega.

En un trabajo articulado entre la Procuraduría Regional de Tolima, Judicial Ambiental y Agraria, y Provincial de Chaparral, las delegadas para Entidades Territoriales y Diálogo Social, y para Asuntos Étnicos, requirieron a Hocol S. A. establecer un cronograma de cumplimiento en el que se indique cómo, cuándo, quiénes serán los responsables y cuál será el presupuesto a utilizar para dar solución a las dificultades en materia ambiental, en la matriz que servirá para ejercer vigilancia y hacer seguimiento.

En los espacios de diálogo dispuestos por la Procuraduría, los indígenas Pijao solicitaron a la ANLA y a Cortolima definir las medidas que tomarán como autoridades ambientales frente a los requerimientos incumplidos por la empresa Hocol S. A.

Tramitar el permiso de emisiones atmosféricas para los sistemas de control de quemado en el proceso de explotación y combustión petrolera, que se encuentra vencido hace dos años.

Disminuir los niveles de ruido ambiental y presentar los soportes de la implementación de las medidas adoptadas para tal fin. 

Realizar monitoreos a la calidad del agua de los ríos Peralonso y Cucuana, aguas arriba y aguas debajo de las instalaciones del proyecto.

Explicar por qué los pozos: Ortega 3, 4, 5, 6, 7, 8 este, 11, 14, Pacandé sur 2, 3 y 4, y Monserrate 1 se perforaron sin elaborar planes de manejo ambiental.

Con esta actuación preventiva la Procuraduría General de la Nación no pretende coadministrar, busca servir como mediadora entre la ANLA y Cortolima con la comunidad indígena Pijao, que años atrás reclama la presencia de las autoridades competentes para adoptar las acciones que solucionen la problemática ambiental que enfrenta.