Un posible detrimento patrimonial de 899 millones 418 mil pesos en las obras que ejecutó la empresa Departamental de Aguas en Armero- Guayabal encontró la Contraloría General de la República al presentar el resultado de la actuación especial de Fiscalización al Plan Departamental de Agua del Tolima en los municipios de Armero-Guayabal, Cajamarca, Cunday, Saldaña y Villarrica en los años 2020 y 2021. 

El organismo de control fiscal encontró construcciones deficientes en obras que tenían como propósito mejorar la calidad de agua y la cobertura del servicio.

En el informe se  hace un análisis de la situación de Armero – Guayabal, población que recibió una inversión mayor a los $10 mil millones y que sin embargo tiene problemas por falta de agua.

Uno de los hallazgos con alcance disciplinario y fiscal fue detectado en el contrato de interventoría administrativa, técnica y financiera 130 de 2018, celebrado por la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima, Edat, como gestora del PDA por un valor de $858 millones.

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En este caso la Contraloría expone que en la relación de pagos, se sumó el trabajo de dos ingenieros residentes de obra por $773 millones, valor que se reflejó a través de seis actas parciales y una final; sin embargo, en los informes solo se registró el servicio de un ingeniero, el hecho generó una diferencia de $77 millones, valor que se considera como detrimento patrimonial.

Y se precisa que ocurrió por una “deficiente labor de vigilancia y control ejercida por la Edat a través del Supervisor del contrato y del contratista al incluir en su propuesta y cobrar por servicios y costos no incurridos en la ejecución del contrato respecto al número de profesionales, ingenieros de obra”.
 
Otra presunto irregularidad se generó del contrato de obra número 128 de 2018 suscrito por la Edat y el Consorcio Acueducto TMS, que ascendió a los $10 mil 225 millones, el objeto era la optimización del sistema de acueducto del municipio en un plazo de 10 meses.

En abril, mes en que se adelantó la auditoría, se revisaron siete actas de recibo parcial de la obra por $8 mil 506 millones, es decir el 85 por ciento del valor total, sobre dicho valor se detectó un presunto daño fiscal por $899 millones 418 mil, relacionados con deficiencias en los precios unitarios y mayores valores pagados de lo proyectado inicialmente.

Entre los cambios de precios que no se justifican está el suministro e instalación de falso fondo todo incluido, que cambió de $503 mil por metro cuadrado a un millón 057 mil pesos, asimismo, se incluye la instalación de un medidor electromagnético que tuvo un precio de $30 millones 037 mil.

Según la Empresa de Servicios Públicos del Municipio, el macromedidor estaba fuera de servicio porque no medía el caudal que circulaba por la red del acueducto, “por lo cual no presta ningún servicio o utilidad en el control y operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Ptap”, señala el informe.

Llama la atención un mayor pago en gastos de administración y sobrevalores en la mano de obra, en este último ítem se encontró una diferencia de $201 millones entre las actas parciales números cuatro y siete correspondientes a mano de obra ejecutada.

En la línea de conducción, el resultado fue deficiencias de funcionamiento hidráulico en la tubería de polietileno de alta densidad, Pead, de 250 milímetros, las obras complementarias y accesorias. 
 
“Lleva únicamente en forma diaria en promedio 35 litros por segundo y no los 45 litros por segundo previstos en los diseños hidráulicos del sistema, necesarios para garantizar la prestación de los servicios adecuados, condiciones de cantidad, calidad y continuidad, se incumple así el objetivo”, señala el informe. 

Las fallas fueron vistas como un hallazgo administrativo con incidencia fiscal por posible detrimento patrimonial de $899 millones 418 mil, además, se agrega una incidencia disciplinaria y la solicitud de una indagación patrimonial para precisar cuáles son las causas de que llegue a la planta de tratamiento, una menor cantidad de agua de la que se había establecido tras hacer la millonaria inversión.

Este caso fue objeto de control político en un debate que convocó el diputado Renzo García al exgerente de esa entidad, José Dayler Lasso.

Otros municipios 

En el sistema de acueducto de Cunday, que costó dos mil 764 millones, la construcción de una fuente alterna para el sistema de acueducto del casco urbano en Saldaña por un valor de dos mil 31 millones, incluida la interventoría, y en Villarrica la optimización del sistema de suministro de agua para el acueducto del municipio, inversión que llegó a los $3 mil 450 millones.

La auditoría se hizo sobre 14 contratos que sumaron $25 mil 140 millones, de esta cifra $21 mil 430 millones eran del Fondo de Inversiones de Agua, FIA, que corresponde al Plan Departamental de Aguas.

La Contraloría evidenció “inconsistencias en la ejecución de las obras contratadas por deficiencias técnicas y mayores valores pagados tanto en contratos de obra como de interventoría”.