Hoy se cumple un año de la tragedia ocurrida en El Espinal. El desplome de los improvisados palcos en el marco de las fiestas dejó varias víctimas mortales y todavía no existen responsabilidades claras, salvo una escueta investigación disciplinaria contra el alcalde Juan Carlos Tamayo y algunos de sus funcionarios en el Gobierno Municipal.

En mayo de esta vigencia, Econoticias conoció que la Procuraduría Provincial de Girardot profirió pliego de cargos en contra del mandatario y el secretario de Hacienda, Efrey  Bocanegra Ortiz, al considerar que ambos tuvieron conductas a título de dolo en el contrato otorgado al empresario José Vicente Rodríguez, representante legal de la Corporación CORPOGUAMO, para el desarrollo de la corralejas.

¿Actuaciones irregulares?

Dentro de las presuntas irregularidades, el organismo de control evidenció carencia de pólizas de garantías que ampararan el contrato, así como la aparente falta de idoneidad del contratista para el desarrollo de ese tipo de eventos. Además, el Ministerio Público también encontró que Tamayo Salas como su jefe de Contratación autorizaron al contratista seguir con el desarrollo del contrato sin su respectiva legalización.

El informe establece que tampoco se le había pagado al municipio la suma de $5 millones, que fue precio establecido por el arrendamiento del espacio público para las mortales corralejas.

¿Pasaron la página?

Juan Carlos Tamayo anunció que para las celebraciones folclóricas del 2023 destinaría de un músculo financiero superior a los $4.500 millones, de los cuales saldría, entre otras cosas, la construcción de nuevos "palcos simbólicos" que supuestamente no serán utilizados. Algunos consideran que se trata de una violación a la memoria de los fallecidos y un 'atentado' contra la moral de sus familiares.