En las últimas semanas, el Congreso de la República tomó una decisión trascendental que podría marcar el rumbo económico del país en 2025: el hundimiento de la Ley de Financiamiento, una propuesta clave del Gobierno Nacional para garantizar recursos adicionales destinados a inversión social y económica. Este desenlace, sumado al vencimiento de términos del proyecto del Presupuesto General de la Nación, deja a Colombia en una posición financiera ajustada y llena de incertidumbres.

El presupuesto aprobado para el próximo año asciende a 523 billones de pesos, una cifra que a primera vista parece significativa, pero que está atada en su mayoría a gastos inflexibles. Más del 78% de estos recursos se destinarán al pago de la deuda (112 billones), pensiones (66 billones), aseguramiento en salud (42 billones), y transferencias obligatorias a municipios y departamentos (82 billones). Como resultado, el Gobierno solo dispondrá de 12 billones de pesos para inversión, una cifra mínima frente a las grandes necesidades del país.   

La propuesta del Gobierno no solo pretendía aliviar este limitado margen de maniobra, sino también dinamizar la economía y garantizar mayores recursos para la inversión social. Entre las principales medidas de la ley destacaban:

Impuestos a sectores privilegiados: Se buscaba gravar las apuestas en línea y juegos de azar virtuales, con ganancias superiores a 450 mil millones de pesos anuales, y aumentar el impuesto al carbón a estándares internacionales, pasando de 25 mil a 75 mil pesos por tonelada.

Contribuciones de los más favorecidos: Se planteaba un impuesto para personas con ingresos mensuales superiores a 125 millones de pesos, sin afectar a las clases medias ni vulnerables.

Incentivos económicos: Reducción del impuesto de renta para pequeñas y medianas empresas (del 35% al ​​27,3%) y beneficios tributarios para el turismo en municipios de menos de 200 mil habitantes.

El rechazo a esta ley deja al Gobierno con un presupuesto aún más limitado, lo que dificultará la ejecución de programas clave del Plan Nacional de Desarrollo. Sectores como turismo, pequeñas y medianas empresas, y servicios públicos subsidiados para los estratos 1, 2 y 3 perderán impulso en un momento crucial para la recuperación económica del país. Además, esta decisión podría afectar los avances en la reducción de la pobreza y desigualdad logrados en los últimos años.

A pesar del panorama desalentador, el presidente Gustavo Petro ha asegurado que la política social no será recortada, manteniendo su compromiso con los sectores más vulnerables. Además, la economía colombiana sigue mostrando signos positivos: según la revista ‘The Economist’, el país es una de las economías más sanas y competitivas de la OCDE.

Con un crecimiento proyectado superior al 2% para este año, se espera que los recursos adicionales provenientes del desempeño económico puedan mitigar, en parte, el déficit de inversión. Sin embargo, el Gobierno enfrenta un desafío mayúsculo: demostrar que es posible avanzar en su agenda de transformación social a pesar de los obstáculos legislativos.

El hundimiento de la Ley de Financiamiento también deja entrever las políticas dinámicas que predominan en el Congreso. Mientras el Gobierno busca recaudar recursos de los sectores más privilegiados, sus opositores continúan votando en línea con los intereses de minorías económicas, dejando a la mayoría del país con menos oportunidades.

El 2025 se perfila como un año difícil para Colombia. Sin embargo, esta coyuntura también representa una oportunidad para que la ciudadanía reflexione sobre el rumbo político del país y se movilice en defensa de un proyecto de cambio que busca mayor equidad y desarrollo.

"La transformación es posible, pero necesitamos un Congreso que esté del lado de las mayorías, no de los más privilegiados”, concluyó Martha Alfonso, representante a la Cámara por el Tolima.