La Contraloría General de la República, a través de su Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, realizó Auditoría Financiera al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, para la vigencia 2023. 

Como resultado, se determinaron diecisiete hallazgos, de los cuales catorce tienen presunta incidencia disciplinaria, uno otra incidencia y seis tienen incidencia fiscal por $84.898.866.209.

El hallazgo de mayor cuantía corresponde a la destinación indebida de recursos del Fondo al pago de sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 e indemnización por interés a las cesantías dispuesta en la Ley 52 de 1975, por $68.101.994.018, ocasionando detrimento fiscal, teniendo en cuenta que los recursos del Fomag son de destinación específica, de conformidad con la Ley.

Otros hallazgos de alta cuantía se establecieron al determinarse que con recursos del Fomag se pagó de manera inoportuna solicitudes de cesantías parciales y/o definitivas y fallos relacionados con sanción mora y pensiones, por lo cual se pagaron, respectivamente, sanciones moratorias por $8.991.067.608, así como intereses moratorios por $3.419.184.418 debido al incumplimiento de los términos establecidos en la ley.

Por otra parte, se evidenció pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de docentes y beneficiarios por $89.629.864 y pagos indebidos de la mesada pensional a docentes y beneficiarios residentes en el exterior, con certificados de supervivencia vencidos, por $3.716.036.876.

En este ejercicio de control fiscal, al igual que en los adelantados en 2023, se determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Fomag, así como de las entidades territoriales, por lo que, con los resultados obtenidos, se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos y se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos.